El Gobierno nacional presentó oficialmente el proyecto de "Ley de Libertad Educativa", que propone una reforma profunda del sistema educativo argentino, vigente bajo la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 desde 2006. La iniciativa, difundida por el jefe de Gabinete Manuel Adorni durante las "conclusiones" del Consejo de Mayo, introduce modificaciones sustanciales en educación básica, financiamiento y gestión escolar.
El proyecto, compuesto por 169 artículos, busca otorgar mayor protagonismo a las familias y a las escuelas, promoviendo una autonomía pedagógica y curricular inédita en las instituciones estatales. Según el informe del Consejo de Mayo, presidido por Adorni e integrado por figuras como Alfredo Cornejo, Carolina Losada y Federico Sturzenegger, "los mejores resultados educativos están en directa relación con altos niveles de autonomía y libertad de los docentes, los directores, las familias y los propios estudiantes".
Entre las reformas más destacadas se encuentra la creación de un examen nacional voluntario para la finalización de la secundaria (ENES), que evaluará conocimientos en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Sociales, y permitirá a estudiantes y familias conocer sus resultados individualizados. Además, se mantiene el sistema de evaluaciones nacionales actuales, ampliando la evaluación docente con la creación del Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, que vinculará la estabilidad laboral a la calidad del desempeño y formación continua.
El proyecto reconoce formalmente la educación en el hogar como una modalidad alternativa y habilita la educación en entornos virtuales, incluso a cargo de instituciones extranjeras. Cada provincia deberá contar con un registro de estudiantes que opten por esta modalidad, con procedimientos que eviten controles invasivos. Los alumnos en homeschooling deberán acreditar los contenidos mínimos comunes mediante evaluaciones estandarizadas disponibles en escuelas públicas o privadas.
En cuanto a la autonomía escolar, el texto otorga a las escuelas estatales la facultad de definir su plan de estudios, métodos de enseñanza, organización interna y calendario, con la obligación de respetar contenidos mínimos nacionales y jurisdiccionales. Los directores podrán seleccionar y proponer la contratación o separación de docentes, sujetos a validación provincial. Se establece un mínimo anual de 540 horas para educación inicial y 720 horas para primaria y secundaria, inferior al acordado en 2024 por el Consejo Federal de Educación.
El rol de las familias se fortalece con la creación de consejos de padres que participarán en la elección y remoción de equipos directivos y en la elaboración de reglamentos internos, aunque sin injerencia en la contratación docente. Además, el proyecto contempla mecanismos de financiamiento dirigidos a las familias, como vales, becas y créditos fiscales, y fomenta la transparencia mediante la publicación de datos educativos desagregados por escuela.
Respecto al financiamiento, la iniciativa elimina la meta de inversión educativa del 6% del PBI y define que la responsabilidad financiera de la educación básica recae en las jurisdicciones, mientras que el Estado nacional financia acciones propias de política educativa nacional. Las provincias deberán implementar aportes económicos para escuelas privadas, priorizando la igualdad de acceso, aunque sin exigir inversión idéntica por alumno entre sectores.
En educación superior, el presupuesto universitario público se distribuirá con criterios centrados en el estudiante y el desempeño en docencia, investigación y extensión. El 75% de los fondos dependerá de la cantidad de estudiantes regulares, el 20% del rendimiento institucional y el 5% se destinará a programas específicos con metas verificables. Las universidades deberán firmar contratos-programa con la Secretaría de Educación para acceder a estos fondos, y la auditoría externa y la transparencia serán reforzadas.
La reforma descarta finalmente la habilitación de la enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, una medida que había generado controversia en etapas previas del proyecto. El Gobierno enfatiza que la educación básica es esencial, por lo que cualquier medida de fuerza deberá garantizar la continuidad mínima del servicio educativo.
En síntesis, el proyecto de Ley de Libertad Educativa busca redefinir la gobernanza del sistema escolar argentino, fortaleciendo la autonomía institucional, el protagonismo familiar y la transparencia financiera, con el objetivo de revertir el deterioro educativo que "reside en los graves déficits de autonomía, libertad y rendición de cuentas", según el informe oficial.