El Senado de Mendoza sancionó la ley que autoriza la explotación metalífera en la provincia, especialmente en el Proyecto San Jorge, a pesar de una fuerte oposición social y ambiental. La votación terminó con 29 votos a favor, una abstención y sólo seis votos en contra, provenientes mayormente del kirchnerismo y un partido ambientalista.
Desde distintos puntos de la provincia, incluyendo Uspallata, el Valle de Uco, San Rafael y Lavalle, cientos de manifestantes marcharon para exigir la protección del agua, recurso vital amenazado por el consumo intensivo que implica la minería de cobre. La columna que partió desde Uspallata recorrió más de 100 kilómetros hasta la capital mendocina, con el objetivo de detener la aprobación del proyecto.
Daniel Funes, referente de la defensa del agua en Mendoza, expresó su desilusión ante la decisión legislativa: “Es impresionante ver que nuestras democracias están tan enfermas”. Para él, la votación refleja un grave distanciamiento entre los intereses del pueblo y las acciones de sus representantes, quienes “se declaran funcionarios del Estado provincial” y defienden al Ejecutivo en lugar de la voluntad popular.
En contraste, la ministra de Energía, Jimena Latorre, defendió la sanción afirmando que la ley “no representa un cheque en blanco” para la empresa minera, aunque reconoció que el proyecto implica un consumo elevado de agua. El gobernador Alfredo Cornejo, impulsor de esta iniciativa y aliado político de Javier Milei, también ha promovido medidas libertarias como la eliminación de la Ley de Glaciares, que ahora está en debate en el Congreso Nacional.
La protesta contra la minería metalífera se fundamenta en la defensa del agua pura, un recurso escaso y esencial para los 1,4 millones de habitantes de Mendoza. A pesar de la movilización multitudinaria, el Senado no modificó su postura, reactivando la explotación de cobre en la región.
El proyecto San Jorge se aprobó basado en un Estudio de Impacto Ambiental que ha sido cuestionado por diversas instituciones, entre ellas el Conicet y la Universidad Nacional de Cuyo. Esta última advirtió sobre el uso de productos altamente tóxicos que podrían contaminar las fuentes hídricas y afectar la salud de la población.
La empresa minera prometió generar 5 mil puestos de trabajo, pero los estudios independientes señalan que durante la construcción se crearían alrededor de 1.200 empleos y sólo 500 en la etapa operativa, poniendo en duda el impacto económico anunciado.
Mendoza cuenta con antecedentes negativos en minería metalífera, como el yacimiento cerrado de Sierra Pintada, dedicado al uranio y con pasivos ambientales graves. La Corte Suprema de Justicia dictaminó que esa mina no puede ser reactivada debido a los riesgos que representa.
En octubre pasado, durante una protesta contra la minería contaminante, dos manifestantes fueron detenidos por la policía provincial durante 50 horas sin que se explicaran los cargos, lo que evidenció un clima de represión y estigmatización hacia quienes defienden el medio ambiente.
Funes señaló que el gobierno ha implementado una estrategia de persecución judicial y estigmatización para avanzar con proyectos mineros, intentando obtener una licencia social a través del silencio de la población. A pesar de las dificultades, valoró la movilización como una señal de esperanza: “Alegría de darnos cuenta de que el agua suprime esta polarización terrible y dañina que nos está surcando en la Argentina”.