La inquietud sobre la modificación de la Ley de Glaciares se intensificó en los últimos días, especialmente ante la posibilidad de que el Gobierno implemente un decreto que altere la Ley 26.639. Enrique Viale, abogado ambientalista, expresa en octubre del año pasado: “Vienen por el agua, es un hecho”, lo que refleja la creciente preocupación sobre el futuro de estos glaciares vitales para Argentina.
Este nuevo intento por cambiar la legislación no es aislado. Desde el inicio, el lobby minero se opone con fuerza a la norma que protege los glaciares. Viale recuerda cómo esas presiones ya tienen éxito antes, logrando que la ley fuera vetada y que, a lo largo del tiempo, los intentos de modificación se repitan. En este contexto, el Gobierno parece ver en la actual administración una oportunidad para avanzar con modificaciones impulsadas por intereses económicos, descuidando el enfoque ambiental.
Según se reporta, la intención del Ejecutivo sería ampliar las áreas de explotación reduciendo las zonas protegidas. Esto, alineado con la búsqueda de dar mayor poder a las provincias respecto a los lugares donde podrían generar industrias, se realiza bajo la premisa de requerir informes de impacto ambiental, aunque muchas voces cuestionan la efectividad del proceso.
Nicole Becker, presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, alerta sobre la gravedad de la situación. En su cuenta de Instagram, destaca que “tenemos más de 16.000 glaciares”, que enfrentan un dramático retroceso: “El Perito Moreno… perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años”. Este fenómeno no solo plantea un desafío a nivel natural, sino que también afecta a la disponibilidad de agua dulce, esencial para la vida en el planeta.
La modificación presentada podría poner en riesgo la protección de estos recursos, algo que Viale no duda en criticar. Este movimiento involucra a grandes empresas mineras, y en sus palabras, “la modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”. Este decreto, que se asemeja a intentos de años anteriores que fueron frustrados por la movilización social, podría trastocar el delicado ecosistema glacial al permitir una explotación extractivista sin restricciones, lo que conlleva el riesgo de impactos irreparables.
A su vez, Viale subraya el contexto crítico del agua en Argentina, donde una gran parte depende de los ríos que se nutren de glaciares. El abogado denuncia: “Quieren hacer una actividad netamente extractivista… la afectación de esto es para siempre”. Esto ilustra una preocupante falta de responsabilidad que pone en jaque el bienestar ambiental y la sostenibilidad del país.