[A través de un comunicado de su vocero, Manuel Adorni, el Gobierno de Javier Milei da a conocer el inminente lanzamiento de una reforma migratoria que se implementará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia en el Boletín Oficial en los días venideros.
Esta iniciativa busca establecer condiciones más restrictivas para la obtención de residencia a extranjeros y arancelar ciertos servicios. Además, se prevé ampliar las formas de expulsar a extranjeros del país, una medida que Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad Nacional y una de las principales impulsoras de esta iniciativa, ya puso en práctica durante la administración de Mauricio Macri a partir del DNU 70/17.
Durante la rueda de prensa en la Sala de Conferencias de Casa Rosada, Adorni subrayó: “Argentina fue demasiada permisiva para quienes ingresan de forma irregular”. Acompañado por Bullrich, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, el vocero delineó los lineamientos centrales de la iniciativa.
El diseño legal de esta reforma estuvo a cargo de María Ibarzábal, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia. En cuanto a los detalles específicos, la reforma estipula que, una vez publicado el decreto, ningún extranjero con antecedentes penales podrá ingresar al territorio argentino.
Asimismo, aquellos que cometan delitos en el país, sin importar la gravedad, estarán sujetos a deportación. La reforma plantea que los ilícitos con penas menores a cinco años pueden ser motivos para la denegación de ingreso o expulsión.
Javier Milei ya esbozó la necesidad de estas reformas el 1 de marzo durante la apertura del 143° período de Sesiones Ordinarias, señalando que “Argentina ha sido generosa con los inmigrantes”, pero que no puede continuar siendo “un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos”.
Según el Presidente, esta medida representa un paso esencial para fortalecer a un país “serio”. Uno de los aspectos más controversiales del decreto es que se establecerá que los extranjeros no residentes deberán abonar por el acceso a la salud pública, aunque se aplicará únicamente en hospitales nacionales, que son los que están bajo el control del Poder Ejecutivo Nacional.
La falta de precisión en los detalles ha generado especulaciones sobre una posible aplicación en otros servicios públicos, incluyendo la educación. Un informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) revela que, hasta el 31 de diciembre de 2023, hay 111.967 personas privadas de libertad en el país, de las cuales el 6% son extranjeras (6.644 personas), con una notable concentración de detenidos provenientes de países limítrofes como Paraguay, Bolivia y Perú.
Finalmente, se estima que el 39,2% de los internos no tiene condena judicial y que la sobrepoblación carcelaria alcanza un 20%, con una tasa de presos que llega a su punto más alto en la historia: 240 internos por cada 100.000 habitantes.
La reforma migratoria se presenta en un contexto en el que el gobierno busca endurecer sus políticas en esta materia y rememorar aspectos de legislaciones anteriores que fueron derogadas por Alberto Fernández.].