Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el Sector Público Nacional (SPN) sufrió una reducción de 59.802 puestos de trabajo, lo que equivale a una disminución del 17,4% en su plantilla laboral. Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos oficiales del INDEC, esta caída representa un promedio de más de 85 desvinculaciones por día.
El análisis del CEPA detalla que, aunque la administración descentralizada fue la más afectada en términos absolutos, los recortes se distribuyeron de manera específica en distintas empresas públicas y organismos de la administración nacional. El enfoque se centró en funciones consideradas estratégicas para la conectividad y los servicios básicos.
En el sector de empresas públicas, las compañías con roles logísticos y de servicios esenciales encabezaron la lista de despidos. Entre las cinco empresas con mayor cantidad de recortes se destacan aquellas vinculadas al correo, el sistema ferroviario y el suministro de agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), servicios que son fundamentales para el desarrollo territorial y social.
Dentro de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos descentralizados y desconcentrados, el ajuste también fue severo. Las áreas de recaudación, ciencia y servicios sociales sufrieron importantes bajas en su personal, afectando la capacidad de gestión y operación de estas entidades.
El informe subraya que, más allá del volumen total de despidos, el impacto porcentual en algunos organismos es alarmante. Por ejemplo, la ex Télam, ahora denominada “Agencia de Publicidad del Estado”, experimentó un recorte del 79% de su plantilla, acercándose a una “virtual extinción operativa”.
En términos porcentuales, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) fue el organismo con la reducción más drástica, perdiendo el 64,2% de su personal. Este nivel de ajuste pone en riesgo la capacidad del Estado para intervenir eficazmente en áreas clave del desarrollo social y económico.
El CEPA concluye que estos datos no reflejan simplemente una modernización del Estado, sino que evidencian una tendencia a vaciarlo de contenido, conocimiento y herramientas necesarias para impulsar el desarrollo nacional, generando un debilitamiento estructural preocupante.