Durante el año 2024, las estadísticas revelan que el 29% de los accidentes de tránsito fatales en el país ocurrieron en rutas nacionales, según el Informe de siniestralidad vial del Gobierno Nacional. Este dato ha llevado a varios gobernadores a elevar sus voces en reclamo por mejoras en la infraestructura. La demanda se hace urgente, considerando tanto el elevado número de siniestros como el deterioro en el que se encuentran muchas de las rutas.
El presidente Javier Milei expresa su intención de sustituir al Estado en la obra pública mediante un sistema de obras privado. En esta línea, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, introduce recientemente una reforma en el sistema de contratación, con la meta de eliminar prácticas de 'cartelización' y fomentar una mayor competencia y transparencia entre las empresas.
Un informe de Chequeado evidencia que, hasta mayo de 2025, solo se han iniciado 18 proyectos de obra pública, mientras que el 54% de las obras iniciadas bajo la gestión de Alberto Fernández no tienen avances significativos. Esto lleva a varios mandatarios a cuestionar seriamente la situación de las rutas nacionales, que no solo son peligrosas, sino que también afectan a la circulación de automovilistas, camiones y micros.
Uno de los que más critica esta situación es Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro. El mandatario afirma: "Es el reflejo de un país donde Buenos Aires decide y las provincias pagan las consecuencias". Weretilneck denuncia el estado de las rutas, mencionando que "hace más de 15 años que estamos esperando". También se lamenta de que, a pesar de que el Estado Nacional recauda más de 2 billones de pesos por el impuesto a los combustibles, esos fondos no se ven reflejados en mejoras para la infraestructura vial.
El gobernador explica que la responsabilidad del mantenimiento de las rutas nacionales recae en el Gobierno Nacional y añade: "No se puede intervenir sin recursos, sin maquinaria, sin acuerdos". Weretilneck enfatiza que su provincia no utilizará sus propios fondos para suplir la falta de acción del gobierno central.
Por su parte, Carlos Torres, secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, también se refiere a la problemática en su región. Destaca que, si bien se han realizado algunos arreglos en la Ruta 33, estos fueron insuficientes. Según Torres, "lo que exigimos es tapar pozos, prender las luces y cortar el pasto", reafirmando que la provincia debería tomar medidas si se prioriza la seguridad de los ciudadanos.
En medio de esta situación, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, firma un convenio que permitirá a su gobierno hacerse cargo de las rutas nacionales que cruzan su jurisdicción. Este acuerdo involucra tramos estratégicos de varias rutas, y busca mejorar la conectividad y seguridad en la región.
Desde la Casa Rosada, la Dirección Nacional de Vialidad comienza a llevar a cabo audiencias públicas para debatir la privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas, que actualmente están bajo la gestión de la empresa estatal Corredores Viales S.A. Este proceso forma parte de un plan más amplio para cerrar dicha empresa estatal y delegar las operaciones a concesionarios privados.
Las audiencias, que se realizarán a mediados de junio, ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de presentar sus opiniones sobre la privatización, un paso que busca garantizar la transparencia en la adjudicación del concesionario, y que llevará a cabo hasta octubre próximo.