La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAPIP) presentó una denuncia sobre el convenio laboral vigente, buscando establecer un precio de referencia para el langostino más alineado con las condiciones del mercado actual. Este reclamo fue llevado al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Trabajo, haciendo hincapié en las serias pérdidas derivadas de la parálisis de la temporada que debió iniciarse a fines de mayo.
De acuerdo con los datos aportados, la actividad pesquera del langostino representa cerca de 1.000 millones de dólares en exportaciones, con un costo de salarios que oscila entre 12.000 y 40.000 millones de pesos al mes, dependiendo de la especie, y sostiene aproximadamente 5.000 puestos de trabajo en todo el litoral marítimo. Agustín De La Fuente, presidente de CAPIP, subrayó las consecuencias devastadoras de la presente situación, que ha dejado a más de 113 buques anclados en puertos de la costa, imposibilitando a las empresas continuar con la pesca sin incurrir en pérdidas.
“El diálogo con el sector sindical ha sido casi nulo", lamentó el empresario, enfatizando que las oportunidades de pesca que se han perdido son irreparables. Comparando la situación actual con las proyecciones de 2024, De La Fuente estimó que el sector ha dejado de percibir más de 200 millones de dólares, lo cual impacta de manera negativa en los salarios, ingresos fiscales, servicios asociados y la capacidad del país para generar divisas.
Ante este panorama, las cámaras empresariales decidieron denunciar los convenios colectivos que afectan a los tripulantes, dado que el costo laboral actual representa un 60%, según lo indicado en su presentación ante la Secretaría de Trabajo. El argumento primordial se centra en que el precio de referencia para determinar las remuneraciones, que antes era de 9 dólares por kilogramo de langostino, actualmente se reduce a 5,50 dólares.
Con respecto a las acciones futuras, De La Fuente indicó que ahora corresponde a la Secretaría Nacional del Trabajo analizar la denuncia presentada por la CAPIP, lo cual podría llevar a notificar y eventualmente convocar a las partes involucradas, aunque este proceso no será rápido. El obstáculo principal, según el empresario, es la falta de disposición del sindicato SOMU para dialogar sobre el acuerdo que se mantiene desde hace años.
En una reciente entrevista, De La Fuente criticó la ausencia del SOMU en las audiencias de la Secretaría de Trabajo, mencionando que el sindicato se ha mostrado renuente a modificar el convenio existente por miedo a que los trabajadores se vean afectados en su salario. Sin embargo, enfatizó que, aunque actualmente los salarios son “muy bien remunerados” con montos que superan los 14 millones de pesos mensuales, los cambios propuestos implicarían una reducción que consideró aceptable, llevándolos a un poco más de 11 millones de pesos. "Es imprudente hablar de valores, cuando vemos los problemas que hay en otros sectores", acotó.
Finalmente, De La Fuente señaló que, aunque se valoran las iniciativas provinciales y municipales para establecer mesas de diálogo, estos esfuerzos son considerados insuficientes para abordar un problema que demanda una solución a nivel nacional. Fuentes del sector informaron que hay una reunión programada para el viernes en la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera la presencia de funcionarios nacionales del área de Pesca y de los gobernadores de Chubut y Santa Cruz, aunque no está claro si también asistirán representantes del sector empresarial.