El Tribunal Colegiado, conformado por los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeri, dictó sentencia en el juicio contra la ex Diputada Provincial y ex Ministra de Desarrollo Humano y Familia, Cecilia Torres Otarola, y otros funcionarios. El resultado fue la declaración de culpabilidad de Torres Otarola en cuatro casos de fraude a la Administración Pública y tres casos de exacciones ilegales.
En los primeros cuatro casos, se demostró que la acusada propuso el nombramiento de funcionarios públicos, tanto en la Legislatura como en el Ministerio, sabiendo que no llevarían a cabo ninguna tarea y aún así cobrarían un salario proveniente de los fondos del Estado Provincial.
En los otros tres casos, se comprobó que Torres Otarola solicitó a sus asesores legislativos que le entregaran la mitad de sus salarios para un supuesto fondo político. El Tribunal determinó que hubo pruebas contundentes de que, siendo diputada, Torres Otarola pidió a Alexis Ganga, Martín Sandoval y a Érica Paludi parte de sus sueldos, los cuales eran depositados en la cuenta de Silvana Cañumil. Cabe destacar que no se pudo comprobar la participación activa de Cañumil en el desvío de fondos, ya que, según la Fiscalía, solo cumplía funciones de niñera.
Silvana Cañumil también fue encontrada culpable por haber sido nombrada asesora en la Legislatura para luego desempeñarse en tareas domésticas y cuidado de los hijos de Torres Otarola. Según el Tribunal, Cañumil continuó siendo niñera "como única actividad" durante ese período.
Además de Cañumil, se encontraron culpables a Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Ángel Reto Trelles, todos ellos con domicilio en Buenos Aires. Estos individuos aceptaron ser nombrados como Directores en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, sabiendo que no realizarían ninguna contraprestación.
Por otro lado, no se logró probar que Branco Neira Rodera no realizara ninguna tarea a pesar de haber sido contratado por Torres Otarola. En la misma línea, Jaquelina Rodera también fue absuelta.
El próximo lunes 6 de enero de 2025 a las 11 horas se llevará a cabo una nueva audiencia para determinar las penas correspondientes a cada uno de los implicados.
Es importante destacar que, si bien durante todo el juicio los acusados debieron estar presentes en la sala, para la lectura de la sentencia todos siguieron el procedimiento de forma remota a través de internet, ya que la mayoría de ellos reside en la Ciudad de Buenos Aires y Torres Otarola en Comodoro Rivadavia. Solamente estuvo presente en la sala la presidenta del Tribunal, Dra. Marcela Pérez Bogado, ya que los otros dos jueces se conectaron desde Esquel, el fiscal Omar Rodríguez y el defensor de Torres Otarola, Dr. Romano Cominetti.