La Legislatura de Chubut aprobó recientemente la adhesión a la Ley Nacional Antimafias, una medida impulsada por el gobernador Ignacio Torres que integra a la provincia en un esquema nacional de combate al crimen organizado. Esta ley busca potenciar la investigación y persecución de estructuras mafiosas mediante una mejor coordinación entre organismos provinciales y nacionales.
El proyecto contó con el respaldo de los bloques oficialistas Despierta Chubut y Familia Chubutense, mientras que las bancadas Arriba Chubut y el Frente de Izquierda manifestaron su rechazo. Desde la oposición, se expresaron preocupaciones sobre posibles reparos institucionales y la criminalización de la protesta social.
Según establece la normativa, el procurador general y el gobernador serán los responsables de gestionar los pedidos de colaboración interjurisdiccional para enfrentar organizaciones criminales. Sin embargo, se mantiene intacta la competencia del Ministerio Público Fiscal y los tribunales provinciales en relación con delitos de ámbito local.
La diputada oficialista María Andrea Aguilera resaltó que “las mafias operan en redes y el Estado debe actuar de manera coordinada con información compartida e inteligencia criminal”. Aguilera afirmó que esta adhesión otorgará al Estado herramientas más eficaces para investigar y sancionar a organizaciones criminales integradas por tres o más personas que cometen delitos graves.
Por su parte, Juan Pais, presidente del bloque Arriba Chubut, manifestó dudas sobre el proyecto, señalando que “mantener la jurisdicción provincial en ciertos delitos puede ser problemático”. En tanto, el diputado Juan Aquino, del Frente de Izquierda, advirtió que la ley podría derivar en una mayor criminalización de las protestas sociales.
Con esta aprobación, Chubut se incorpora formalmente al esquema nacional de cooperación previsto en la Ley de Organizaciones Criminales, cuyo objetivo es coordinar acciones entre distintas jurisdicciones para enfrentar delitos complejos y desarticular redes mafiosas.