El fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner, junto al fiscal de Estado adjunto, Christian Martínez, realiza una presentación judicial que marca un hito en la lucha contra la corrupción en la provincia. Se trata de la primera demanda de extinción de dominio, en el marco de la Ley XIII N° 28, cuyo propósito es la recuperación de bienes adquiridos mediante delitos y corrupción.
La acción fue interpuesta ante el Superior Tribunal de Justicia y apunta a Carlos Barbato, quien se desempeñó como presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut entre 2016 y 2019, así como a su esposa Graciela Perrone. Ambos fueron condenados en 2023; Barbato recibió una pena de tres años de prisión condicional por enriquecimiento ilícito, mientras que Perrone fue condenada a dos años en carácter de interpósita persona.
Los bienes objeto de la demanda incluyen una amplia variedad de propiedades y vehículos adquiridos durante el mandato de Barbato. Estos comprenden una casa de 200m² con quincho en Playa Unión, dos camionetas, un BMW y un vehículo todoterreno marca Artic Cat. La solicitud de extinción de dominio va acompañada de una petición formal para que el Estado Provincial asuma la titularidad de estos bienes, además de imponer costas judiciales a los demandados.
El Jefe de la Oficina de Recupero de Activos destacó que “en Chubut hoy el crimen no rinde beneficios” y subrayó el compromiso del gobierno en recuperar lo que pertenece a los chubutenses. La implementación de esta ley y la presentación de una demanda contra un ex funcionario son vistos como pasos clave para construir una provincia más transparente y justa.
Durante la investigación que llevó a la condena de Barbato, la Justicia pudo comprobar que sus adquisiciones, como una Ford Mondeo cero kilómetro en 2016 o múltiples cuatriciclos facturados a nombre de su esposa, no se corresponden con los ingresos legítimos de la pareja. Por ello, la nueva demanda se sustenta en que los bienes fueron adquiridos con recursos provenientes de actividades delictivas en el ejercicio de la función pública.
Este relevante paso judicial se enmarca en un esfuerzo más amplio por enfrentar la corrupción y proteger los bienes del Estado, una demanda que desde hace tiempo es reclamada por la ciudadanía.