El jueves por la tarde, se formalizó ante la Legislatura el pedido de extensión de la emergencia económica, financiera y administrativa por un plazo de 18 meses, en respuesta al vencimiento de la declaración anterior. Desde el Gobierno indicaron que "es responsabilidad de este Poder Ejecutivo Provincial propiciar las medidas que por el presente se sugieren sancionar", asegurando que estas acciones permitirán contar con las herramientas necesarias para sostener el orden económico, administrativo y financiero de la Administración.
La resolución aclara que la declaración de emergencia no obstaculiza las negociaciones colectivas, tanto en el ámbito del Poder Legislativo como del Poder Judicial, asegurando que no se permitirá la reducción de los salarios ordinarios devengados mensualmente por los empleados públicos. Cabe destacar que el Banco del Chubut S.A. queda expresamente excluido de esta norma.
Entre las estipulaciones del pedido, se establece que durante 18 meses se suspenderán pagos y contraprestaciones por obligaciones contraídas por el 'Estado Provincial' antes del 30 de junio de 2025. Sin embargo, se exceptúan los pagos de haberes que correspondan al personal del Estado devengados a partir de la vigencia de esta ley, así como los haberes del mes de junio de 2025 y otros pagos relacionados, incluidos las prestaciones del Instituto de Seguridad Social y Seguros y las obligaciones vinculadas a deudas financieras.
Asimismo, se contempla la suspensión de las deudas del Estado Provincial con Municipios y Comunas Rurales, así como con proveedores de servicios y aquellos con montos menores a 2.500.000 pesos mensuales por acreedor. Este nuevo marco regulatorio también suspende ejecuciones de sentencias y laudos arbitrales, así como medidas cautelares, con la obligación de los jueces de levantar dichas medidas de oficio.
Sobre el ingreso a la Administración Pública, se prohíben nuevas incorporaciones bajo cualquier modalidad, salvo para cubrir cargos vacantes. También se estipulan cambios en los límites de las asignaciones familiares para trabajadores formales y jubilados que perciben hasta cinco salarios mínimos vitales y móviles, siempre que los ingresos totales del hogar no superen los diez salarios mencionados en bruto, excluyendo las asignaciones por hijos con discapacidad.