El cambio fue oficializado a través del Decreto N° 508 firmado por el gobernador Ignacio Torres y modifica artículos clave del régimen de licencias de la administración pública provincial.
Uno de los puntos más polémicos aparece en el nuevo artículo 10, donde se establece que las licencias por enfermedad de corta evolución —hasta tres días por episodio— tendrán un máximo de 30 días al año calendario, pero con una fuerte reducción salarial a partir del día 21. Según el texto, “los primeros veinte (20) días con goce íntegro de haberes; los diez (10) días siguientes con el cincuenta por ciento (50 %) de haberes”.
La medida cae en un contexto extremadamente delicado: reclamos salariales, marchas en distintas ciudades de Chubut, malestar creciente en las escuelas y denuncias de que los aumentos otorgados por decreto ni siquiera alcanzan para cubrir la inflación o necesidades básicas.
Pero el decreto no solo impacta sobre las licencias médicas personales. También endurece las condiciones para el cuidado de familiares enfermos. El nuevo régimen obliga a presentar declaraciones juradas actualizadas del grupo familiar y advierte que cualquier error o inconsistencia podría derivar en sanciones disciplinarias.
Además, el Gobierno limita los días de licencia para atención de familiares: hasta 20 días anuales para hijos menores enfermos y apenas 10 días para otros integrantes del grupo familiar.
Otro dato que genera alarma entre los trabajadores es que el decreto también modifica el régimen de vacaciones. El texto establece que quienes permanezcan más de 30 días con licencias sin goce de haberes, por enfermedad o atención familiar, podrían perder parte proporcional de sus vacaciones anuales.
En sectores docentes y estatales ya comenzaron a surgir fuertes cuestionamientos, especialmente porque la decisión se conoce en medio de un clima social tenso, con salarios deteriorados, desgaste laboral creciente y hospitales públicos saturados. Muchos trabajadores consideran que la nueva normativa no apunta a mejorar el sistema, sino a desalentar el uso de licencias mediante recortes salariales y mayores controles administrativos.