Carolina Pardo Said, exjefa de Compras en el Ministerio de Seguridad, deberá enfrentar un juicio oral y público por haber contratado en forma directa a su pareja, Vicente García, en ocho ocasiones. Este hecho ha generado gran polémica y repercusión en la opinión pública.
En septiembre de 2024, la exfuncionaria admitió una condena a dos años de prisión en suspenso, realizará trabajos comunitarios durante dos semanas y tendrá una inhabilitación por dos años para desempeñarse como funcionaria pública. Sin embargo, la jueza Karina Breckle rechazó la propuesta de juicio abreviado debido a que los funcionarios públicos acusados de delitos de corrupción no pueden acceder a este beneficio.
La Cámara Penal de Trelew ratificó por unanimidad esta decisión, argumentando que los delitos cometidos por funcionarios en perjuicio de la Administración Pública deben ser juzgados de manera oral y pública. Según los camaristas, esto permitirá que la sociedad conozca las maniobras ilícitas, el destino de los fondos públicos y los posibles culpables y cómplices, ejerciendo así la democracia y el control ciudadano.
A pesar de que los acusadores argumentaron que un juicio tradicional generaría un alto costo económico, la Cámara consideró que el gasto no debe ser un impedimento para garantizar la participación ciudadana en estos casos. Para la justicia, la confianza, la transparencia y la educación democrática y ética de los ciudadanos son valores invaluables.
El fiscal Omar Rodríguez sostuvo en su acusación original que Pardo utilizó su cargo para beneficiar económicamente a su pareja, desviando fondos del Estado. Según la investigación, el presunto fraude asciende a $1.092.700. Si se hubiera respetado el cumplimiento de la ley en cuanto a los procedimientos de contratación, se evitaría este perjuicio para la Administración Pública.
Es importante destacar que Vicente García fue sobreseído en este caso, y solo se imputan a Carolina Pardo los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
El juicio oral y público será fundamental para esclarecer los hechos, demostrar la transparencia del Poder Judicial y del Estado Provincial, así como fortalecer los principios de confianza y democracia en nuestra sociedad. La ciudadanía espera que se establezcan responsabilidades y se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros actos de corrupción en la función pública.