El fiscal de Unidad Anticorrupción, Lucas Papini, solicitó que se lleve a juicio oral y público a los exfuncionarios de Vialidad Provincial, Fabián Pérez y Juan Carlos Vinay, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Papini destacó que en este caso está en juego el “correcto funcionamiento de la administración pública, la transparencia y el principio de igualdad, más allá de la existencia de un perjuicio patrimonial del erario”.
Según la imputación difundida por la Fiscalía de Esquel, entre el 15 de enero y el 9 de febrero de 2024, Pérez, ingeniero jefe de Vialidad Provincial, y Vinay, jefe de la Sección Zona Noroeste de la misma entidad, actuaron de forma irregular, permitiendo la extracción de material árido sin respetar los procedimientos administrativos.
Durante ese período, se retiraron 3.600 metros cúbicos de piedra y arena de la Cantera Arroyo Fontana, ubicada en la ruta 71 y propiedad de Vialidad Provincial, sin la autorización del expresidente Hernán Tórtola.
Los imputados autorizaron discrecionalmente que la empresa privada Transportes Muñoz, propiedad de Sergio y José Muñoz, extrajera dicho material, que fue destinado al relleno de un callejón sin nombre entre la Estancia Amancay y la sucesión López.
Esta maniobra favoreció directamente a tres propietarios particulares del sector: Ángel Antonelli, Oscar Méndez y Carlos Paggi.
Para llevar adelante la operación, Pérez y Vinay ordenaron a empleados subordinados de Vialidad encargados de la cantera que no controlaran ni la cantidad de material extraído ni su destino final, y tampoco que identificaran a los trabajadores de la empresa involucrada.
Además, permitieron el ingreso de vehículos particulares al predio de Vialidad para almacenar maquinaria ajena sin ningún control ni trámite durante los 25 días que duró la extracción.
En un intento por evitar los controles, Pérez intentó apartar injustificadamente de su puesto de trabajo al empleado de Vialidad Rodrigo Sánchez, quien ejercía funciones de cargadorista y cuidador de la cantera.
El valor estimado del material extraído asciende a $4.320.000.
Este jueves, el juez analizará el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa. En caso de rechazarlo, se concederá un plazo de diez días a la Fiscalía para evaluar nuevas pruebas y avanzar en el proceso.