El gobernador Nacho Torres, mediante el decreto Nº 1965, emitió una orden dirigida a los sectores de personal de los organismos de la administración central, entes autárquicos y descentralizados. Esta orden implica que en un plazo de 10 días hábiles, deben elaborar una lista que contenga los nombres de los agentes que están en condiciones de jubilarse pero que no hayan realizado el trámite correspondiente ante el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS).
Asimismo, se les exige informar de manera fundamentada, dentro del mismo plazo, sobre el personal que, a pesar de tener la edad y los aportes necesarios para jubilarse, es indispensable para el correcto funcionamiento de la administración pública. Esta información deberá ser notificada a la Dirección General de Administración de Personal.
Una vez confeccionado el listado y excluidos los agentes considerados indispensables, se procederá a intimar y notificar a cada agente para que inicie el trámite de jubilación. En caso de no hacerlo, tendrán un plazo de 10 días hábiles para explicar si existe algún impedimento legal para su retiro. De no cumplir con estas disposiciones, se les dará de baja.
Es importante destacar que los agentes deberán iniciar los trámites correspondientes ante el ISSyS dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación. Además, deberán informar el número de expediente del ISSyS que tramita su beneficio, a fin de agregarlo a su legajo.
Aquellas personas que se nieguen o no cumplan con el plazo establecido para iniciar el trámite jubilatorio serán cesanteadas, pero mantendrán su derecho jubilatorio, siendo iniciado el trámite de oficio.
Según los fundamentos del decreto, tal y como se publicó en el Boletín Oficial el pasado jueves 9, el Censo de Empleados reveló la existencia de empleados que cumplen con los requisitos para jubilarse. Además, el censo detectó la presencia de agentes activos que ya están jubilados en cajas provisionales distintas al ISSyS.
La finalidad de este decreto es ordenar, agilizar, dinamizar y modernizar la administración pública, mediante la reducción del personal activo a través del retiro jubilatorio de aquellos agentes que se encuentren en condiciones de ello, siempre y cuando no sean indispensables para el funcionamiento de la administración pública.
Cabe mencionar que el artículo 107 de la Ley XVIII N° 32 establece que "Cuando el afiliado reúna los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria, la repartición empleadora podrá solicitar su jubilación de oficio si razones de servicio así lo aconsejan. Previamente, se le deberá notificar al interesado, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria para tal fin. En caso de que el agente se oponga, se podrá declarar su cesantía sin perjuicio de conservar su derecho jubilatorio".
Además, se llevará a cabo un cruce de datos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), lo cual resultará en la baja inmediata de aquellos agentes activos que ya estén jubilados y perciban haberes de cajas provisionales distintas al ISSyS.
Este decreto "invita" al Poder Legislativo y Judicial a adoptar medidas similares. El mismo fue firmado por el gobernador Nacho Torres, así como por los ministros de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y de Economía, Andrés Meiszner.