Un reciente informe del Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco señala que la inflación en la región podría experimentar un incremento significativo en los próximos meses. Esta proyección surge a raíz de un nuevo esquema cambiario y el aumento de los precios regulados.
Según el estudio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de marzo muestra un incremento del 3,3% en la Patagonia, por debajo del promedio nacional del 3,7%. Sin embargo, el informe destaca que esta moderación en la inflación podría cambiar si se produce la devaluación contenida en el nuevo sistema cambiario y si continúan los incrementos en los servicios regulados.
El análisis advierte que el **relajamiento del cepo cambiario** podría tener **efectos inflacionarios adicionales** si no se logra estabilizar el **tipo de cambio paralelo**. Además, resalta que el **componente núcleo de la inflación** se ubicó en un **3,2%**, siendo los aumentos más pronunciados en **educación** y **alimentos y bebidas**.
El encarecimiento del transporte y la energía, sumado a la vulnerabilidad de los hogares ante el aumento sostenido de los productos esenciales, se señalan como factores que condicionan los precios en la Patagonia. Asimismo, se espera que los futuros aumentos en las tarifas de los servicios públicos impacten con mayor fuerza en una región donde el consumo energético es elevado debido a las condiciones climáticas.
El informe proyecta que, de mantenerse la política actual, la inflación interanual podría superar el 50%, afectando especialmente a los sectores de menores ingresos. Hasta el momento, la suba acumulada en lo que va del año es del 8,6% a nivel nacional, con niveles similares en la Patagonia.
El escenario inflacionario sigue siendo incierto, y el informe advierte que sin una política clara de estabilización cambiaria y contención de precios regulados, los aumentos mensuales podrían volver a acelerarse en el corto plazo. Es necesario tomar medidas para mitigar el impacto en la economía de la región y proteger el poder adquisitivo de la población.