El juicio por fraude al Estado provincial, en el que se acusa a la exfuncionaria provincial Torres Otarola, ha sufrido una postergación debido a la exigencia del fiscal de contar con la presencia de todos los acusados en la sala de audiencias. Algunos de ellos residen en Buenos Aires y nunca estuvieron en Chubut, donde supuestamente se realizarían las tareas que nunca se concretaron.
El propio fiscal solicita la reprogramación del juicio, ya que el Código Procesal de la provincia requiere la presencia física de los imputados. Esto evitaría un desgaste innecesario y permitiría avanzar adecuadamente con el proceso.
La exfuncionaria enfrenta una imputación por fraude a la administración pública, al haber generado relaciones laborales ficticias y por la figura de "concusión", por la cual se acusa a Otarola de exigir un retorno de los ingresos a las personas que contrataba como asesores.
Según el fiscal Omar Rodríguez, la pena a solicitar será efectiva y superior a los 3 años si se logran probar los delitos imputados. En palabras del fiscal: "Esperamos poder demostrar los delitos imputados y así asegurar una pena acorde con la gravedad de las acciones realizadas".
Además de las acusaciones mencionadas, también se imputa a una mujer que, habiendo sido contratada como niñera de la exfuncionaria, fue nombrada como asesora en la Legislatura durante el período en que Otarola ocupaba el cargo de diputada provincial. Esta mujer también está siendo investigada por su presunta participación en la defraudación.
El juicio continuará una vez que se garantice la presencia de todos los acusados en la sala de audiencias. Se espera que, durante el proceso, se presente la evidencia necesaria para comprobar la culpabilidad de los imputados y que se les imponga una pena acorde a la gravedad de los delitos cometidos.