Un relevamiento de Ruido y CONNECTAS revela que el fenómeno de vínculos políticos en las Cortes Supremas provinciales alcanza también a las cinco jurisdicciones de la región patagónica, donde más de la mitad de los magistrados integran los máximos tribunales con antecedentes en gobiernos locales o partidos políticos.
1. Promedio nacional y eco patagónico
En todo el país, 64 % de los 138 jueces que integran las 24 Cortes Provinciales registra algún nexo previo con el poder político local: cargos ejecutivos o legislativos, militancia partidaria, asesorías o lazos familiares con gobernadores. Ese patrón se repite en la Patagonia, donde la proporción de magistrados con antecedentes políticos ronda el 60–65 %.
2. Provincia por provincia: casos y porcentajes
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Neuquén De cinco integrantes de la Corte, tres ejercieron como ministros o secretarios en la administración provincial que los propuso. Uno de ellos llegó al máximo tribunal tras desempeñarse como asesor jurídico de un expresidente de la Legislatura.
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Río Negro Cuatro de los seis jueces supremos trabajaron en áreas clave del gobierno regional: dos fueron legisladores provinciales y otro ocupó la Secretaría de Gobierno.
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Chubut Dos de los tres camaristas supremos tuvieron roles destacados en gabinetes oficiales: uno fue viceministro de Economía y otro ejerció como director de Asuntos Legales de la Casa de Gobierno.
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Santa Cruz En el tribunal de tres miembros, la mitad comparten vínculos familiares o societarios con funcionarios del Ejecutivo provincial, incluyendo un exministro de Desarrollo Social hoy consejero de la Corte.
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Tierra del Fuego Dos de los cinco magistrados provienen de la estructura partidaria oficialista: uno fue candidato a concejal y otro, asesor legislativo de la gobernación.
Estas cifras ponen en evidencia que la Patagonia no escapa al problema de la politización de la justicia provincial.
3. Consecuencias para la democracia regional
La cercanía entre los tribunales y los gobiernos con los que compartieron espacios de poder genera una percepción de sesgo y compromete la confianza ciudadana. Según Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional, “la independencia judicial es fundamental para la democracia y sobre ella se construye la confianza de la sociedad”. En América Latina, solo el 28 % confía en su sistema judicial, según Latinobarómetro.
4. Hacia reformas que garanticen imparcialidad
Aunque ninguna Constitución provincial prohíbe expresamente estos vínculos, el desgaste de la legitimidad exige avanzar en mecanismos más estrictos de selección y transparencia:
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Audiencias públicas obligatorias para todos los candidatos a la Corte.
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Controles de incompatibilidades que incluyan antecedentes políticos o familiares.
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Mandatos por concurso de antecedentes y oposición, con participación de la sociedad civil.
Sin cambios estructurales, las Cortes patagónicas continuarán siendo percibidas como extensiones del poder político, en lugar de garantes imparciales del Estado de Derecho.