La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026, que prevé un aumento significativo del ajuste económico, beneficiando principalmente a los sectores más acomodados y trasladando la carga a los grupos más vulnerables. Sin embargo, el oficialismo sufrió un duro revés cuando la oposición rechazó el capítulo 11, que proponía derogar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, dos normativas que el Gobierno ha incumplido sistemáticamente.
La sesión, que comenzó a las 14 horas y se extendió hasta la madrugada siguiente, estuvo marcada por intensas negociaciones. Los diputados Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron múltiples concesiones a gobernadores y aliados para asegurar la aprobación del capítulo donde se incluían esas derogaciones. A pesar de estos esfuerzos, el resultado fue adverso: 117 votos a favor frente a 123 en contra y dos abstenciones, lo que frustró el intento oficialista.
Esta es la tercera derrota que el Gobierno enfrenta en menos de un año respecto a estas leyes, tras su sanción original, el veto presidencial y la insistencia parlamentaria para derogarlas mediante el presupuesto. Además, la oposición también logró impedir la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares.
Impulsados por el respaldo obtenido en las elecciones de octubre, desde el oficialismo intentaron acelerar la eliminación de estas normativas, que fueron sancionadas por el Congreso y ratificadas por mayoría agravada tras el veto presidencial. No obstante, la diputada catamarqueña Fernanda Ávila, junto con los bloques Independencia de Tucumán y Innovación Federal de Salta, se opusieron a la derogación del capítulo 11.
En un último intento para salvar el capítulo, el oficialismo incorporó a último momento la adecuación de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires y un aumento de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, administrado por el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, esta maniobra no fue suficiente para revertir la votación. Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, denunció: “Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora”.
Las abstenciones de los diputados radicales Cipolini y Schneider fueron decisivas para el desenlace. La diputada Cecilia Moreau celebró el resultado desde sus redes sociales: “Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde”.
Durante el debate, algunos diputados advirtieron que judicializarían la norma en caso de aprobarse. Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés alertaron que el intento oficialista violaba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que el presupuesto “no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes”.
Por su parte, Cristian Ritondo acusó al Gobierno de negociar cargos en la Auditoría General de la Nación a cambio de apoyo: “Cambiamos la sensibilidad social por la auditoria”, afirmó con tono enigmático. Con la caída del capítulo 11, el PRO perdió también el compromiso de pago de la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que había sido objeto de negociaciones en las últimas semanas.