El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, dio un paso decisivo en la privatización de cuatro represas hidroeléctricas clave ubicadas en la región del Comahue.
Mediante la Resolución 2059/2025, el Estado preadjudicó la venta del 100% de las acciones de las sociedades que operan los complejos de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Esta medida corresponde a la segunda etapa de un concurso internacional y se estima que la operación generará ingresos superiores a 706 millones de dólares para el Estado.
En detalle, Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A. fue preadjudicada a un consorcio conformado por Edison Inversiones S.A.U., Energética del Norte S.A.U., el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. y Edison Holding S.A., con una oferta de 162.040.002,17 dólares.
Por su parte, El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A. quedó asignada al consorcio encabezado por BML Inversora S.A.U., junto con Energgrain S.A., Orazul Energy Generating S.A., Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Limabaz S.A.U., BML Generadora S.A., MSU Energy Green S.A. y BML Energía S.A., con una oferta de 235.671.294 dólares.
El complejo Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. fue nuevamente adjudicado al consorcio liderado por Edison Inversiones S.A.U. y Edison Holding S.A., con una oferta de 64.174.002,32 dólares.
Finalmente, Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. fue preadjudicada a Central Puerto S.A., con una oferta de 245 millones de dólares.
El próximo paso será la firma de los contratos de concesión y transferencia, prevista para el 22 de diciembre de 2025 en Cipolletti, Río Negro. La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía estará a cargo del acto, y los contratos comenzarán a regir tras la publicación de la resolución definitiva en el Boletín Oficial.
Esta venta implica la transferencia de la gestión de recursos energéticos estratégicos al sector privado, lo que podría modificar el panorama del mercado eléctrico nacional y fomentar nuevas inversiones en el sector.
El proceso se enmarca en la ley 27.742, que establece la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), así como en los decretos que autorizan la transferencia de activos y concesiones energéticas.
Este avance representa un nuevo capítulo en la evolución de la infraestructura energética argentina, con un impacto significativo en la reconfiguración del sector.