El gobierno de Santa Cruz avanzó en la protección de su estatus sanitario con la promulgación de la Ley N° 3945, firmada por el gobernador Claudio Vidal y publicada este martes en el Boletín Oficial. Esta norma establece un marco legal provincial para el control del ingreso de productos agropecuarios, animales en pie y subproductos que puedan representar riesgos fitosanitarios.
La ley otorga a la autoridad de aplicación la potestad de implementar medidas de restricción o impedimento en los accesos terrestres, aéreos y marítimos, con el fin de evitar la entrada de productos que no cumplan con las certificaciones sanitarias exigidas por la provincia.
Esta iniciativa surge en respuesta a la polémica generada por la Resolución 460/25 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que recientemente autorizó el ingreso a la Patagonia de carne con hueso, incluidos cortes vacunos como la plancha de asado. En Santa Cruz y otras provincias de la región, esta medida fue rechazada por considerar que pone en riesgo la condición de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, un logro histórico que permitió acceder a mercados internacionales para la carne ovina y la lana.
La nueva ley faculta al Ejecutivo a instalar puestos sanitarios fijos o móviles en coordinación con fuerzas de seguridad o aduaneras, con el propósito de controlar y evitar el ingreso de productos que no acrediten inocuidad y certificaciones compatibles con los estándares provinciales.
El Consejo Agrario Provincial respaldó la sanción de la norma, destacando que complementa el régimen vigente y brinda herramientas legales para enfrentar decisiones unilaterales del gobierno nacional que puedan afectar la salud animal y la producción local.
Desde hace décadas, Santa Cruz mantiene una barrera sanitaria que prohíbe la entrada de carnes con hueso provenientes de zonas no declaradas libres de fiebre aftosa, una estrategia que ha sido fundamental para consolidar un diferencial sanitario y obtener ventajas competitivas en mercados internacionales.
La preocupación actual radica en que la flexibilización impulsada por SENASA pueda anular esos avances, poniendo en riesgo el estatus sanitario regional y la continuidad de mercados históricos para la exportación.
El decreto que promulgó la ley también invita a las demás provincias patagónicas a adoptar medidas similares, con el fin de conformar un frente común para defender el estatus sanitario de la región.
En los considerandos, la norma advierte que la aplicación de la resolución nacional “podría poner en serio riesgo el estatus patagónico y la eventual pérdida de mercados históricos para la exportación”.
Además, la medida se vincula con los objetivos productivos de Santa Cruz, que busca incrementar su stock de ganado vacuno pese a las dificultades que imponen las condiciones agroecológicas, los costos logísticos elevados y el clima adverso. Mantener las barreras sanitarias se considera fundamental para preservar la competitividad de la producción local.