La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido un fallo en el cual declara inadmisible un recurso extraordinario presentado por Oscar "Chito" Alarcón, confirmando así su condena por enriquecimiento ilícito. El recurso había sido presentado por el Defensor General de la Provincia, Sebastián Daroca. La sentencia de 3 años de cárcel condicional ya ha sido ratificada por el Superior Tribunal de Justicia.
Según la investigación, el enriquecimiento ilícito de "Chito" asciende a casi $10 millones. Con esta condena, Alarcón no podrá volver a trabajar en el Estado y sus bienes serán decomisados. Cabe destacar que la sentencia inicial, que databa del año 2019, era aún más severa: 4 años y seis meses de prisión efectiva. Sin embargo, con las sucesivas revisiones de la Cámara Penal y el STJ, se ha logrado aliviar la pena impuesta.
Además de esta condena, Alarcón enfrenta una segunda sentencia de 2 años y 8 meses de prisión por el cobro indebido del doble sueldo entre los años 2015 y 2018, cuando era empleado municipal y funcionario del Estado Provincial al mismo tiempo. La unificación de ambas penas podría llevar a que "Chito" sea encarcelado.
El pasado laboral de Alarcón incluye su paso por el municipio de Trevelin como director de Ceremonial Provincial hasta diciembre de 2011. A partir de 2012 y hasta 2015, regresó a su cargo en la Municipalidad de Trevelin y posteriormente obtuvo una adscripción en el Instituto Provincial de la Vivienda, hasta enero de 2015. Luego, con la asunción de Mario Das Neves como gobernador en 2015, Alarcón volvió a ocupar el área de Ceremonial de la Unidad Gobernador hasta mayo de 2018.
Durante el juicio oral y público, se ha comprobado que "Chito" Alarcón adquirió terrenos en Playa Unión y Rawson, los cuales excedían sus posibilidades económicas según sus ingresos legítimos como funcionario. El acusado nunca ha podido justificar la procedencia de dichos bienes.
Este fallo de la Corte Suprema representa un avance en la lucha contra la corrupción y envía un mensaje claro de que ningún funcionario público está por encima de la ley. La Justicia ha demostrado que no tolerará la impunidad y seguirá investigando los casos de enriquecimiento ilícito para garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública.