El Ministerio Público Fiscal de El Bolsón formuló cargos contra un hombre acusado de haber agredido con un cuchillo a su sobrino durante la noche del 26 de septiembre, en un sector conocido como la toma del barrio Luján.
El fiscal adjunto Rubén Negro atribuyó el hecho a un episodio ocurrido entre las 22 y las 23:30, aproximadamente. Según la acusación, ambos familiares mantuvieron una discusión relacionada con un partido de fútbol y, en ese contexto, el imputado habría atacado a su sobrino con un arma blanca.
Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una herida profunda en la mejilla derecha y otra en la zona costal. Permanece hospitalizada y, según se informó, presenta evolución favorable.
La Fiscalía incorporó distintas pruebas
La Fiscalía encuadró provisoriamente el hecho como lesiones graves, en carácter de autor. La calificación podría modificarse de acuerdo con el avance de la investigación y con el testimonio de la víctima, cuando su estado de salud permita recibirlo.
Como sustento de la imputación se incorporaron las actuaciones policiales, el trabajo realizado por la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística, el secuestro de un cuchillo, registros fotográficos, certificados médicos y entrevistas testimoniales.
Entre los testimonios incorporados se encuentra el de una persona que habría presenciado parte de la secuencia. La Fiscalía anticipó que continuará con la recepción de declaraciones y con distintas pericias sobre los elementos secuestrados, entre ellas estudios de ADN.
El Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de cuatro meses para completar la investigación y avanzar con las medidas pendientes.
La defensa planteó una versión diferente
Durante la audiencia, el defensor público penal Nelson Vigueras sostuvo que la defensa cuenta con una versión diferente sobre lo ocurrido.
El abogado no objetó la legalidad de la detención ni el plazo de investigación, aunque se opuso al pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.
En ese sentido, propuso medidas menos gravosas, como prohibiciones de acercamiento y de contacto con la víctima y los testigos involucrados en la causa.
Por su parte, el fiscal solicitó tres meses de prisión preventiva al considerar que existe un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación, principalmente por el vínculo familiar entre las personas involucradas y porque todavía deben recibirse testimonios considerados relevantes.
El juez dispuso tres meses de prisión preventiva
Al resolver la situación procesal, el juez de Garantías Ricardo Calcagno declaró legal la detención, tuvo por formulados los cargos y estableció el plazo de la investigación penal preparatoria hasta el 26 de febrero de 2027.
Además, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva del imputado por tres meses, hasta el 28 de diciembre.
La medida fue fundamentada en la necesidad de resguardar a la víctima y a los testigos y evitar posibles interferencias mientras continúan las distintas medidas de prueba previstas en la investigación.