La audiencia preliminar del caso que investiga presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la reparación de escuelas en Chubut tuvo un nuevo cuarto intermedio este miércoles. El proceso se inició tras el escape de monóxido de carbono en la Escuela 93 de El Maitén, que intoxicó a alumnos y docentes, y derivó en la investigación de posibles maniobras de direccionamiento de obras públicas.
Durante la audiencia, el abogado penalista Romano Cominetti, defensor de Maximiliano García —ex funcionario del Ministerio de Educación al momento de los hechos—, planteó la “incompetencia parcial” de la justicia provincial, argumentando que los fondos utilizados para las obras provenían de la Nación y por ello la causa debería ser tratada por la Justicia Federal. La jueza de garantías Karina Breckle otorgó un plazo de 20 días hábiles al Ministerio Público Fiscal para reconsiderar el planteo.
Por otro lado, quedó desestimado como querellante el titular de la Oficina Anticorrupción de la provincia, Diego Carmona, quien no justificó su ausencia pese a haber sido notificado con anterioridad. La investigación alcanza a dos contratistas —Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León— y siete ex funcionarios provinciales: Antonio Chacón, Gustavo Campos, Gustavo Barauna, Mónica Martínez Carpio, Claudio Márquez, Rocio Preciado y Maximiliano García.
Se les imputan delitos como defraudación por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con un perjuicio estimado en 20 millones de pesos. Según el Ministerio Público Fiscal, se habrían simulado compulsas de precios para aparentar legalidad mientras se definía previamente qué contratista sería adjudicado.