El próximo lunes 4 de agosto a las 9 de la mañana comenzará en Comodoro Rivadavia el juicio oral contra Cruz Ernesto Cárdenas, referente mapuche que estuvo más de un año prófugo y que ahora deberá responder ante el Tribunal Oral Federal. El tribunal estará presidido por la jueza Ana María D’Alessio, con los vocales Baronetto y Cabral.
Cárdenas está imputado por usurpar tierras dentro del Parque Nacional Los Alerces, ocasionar daños e incendios y realizar ataques contra guardaparques. La fiscalía federal había solicitado la elevación a juicio el 28 de abril de 2023, pero la demora en su entrega postergó el proceso hasta esta fecha.
La causa también involucra a María Belén Salinas y se basa en una serie de hechos ocurridos entre enero de 2020 y julio de 2021, con la usurpación extendiéndose hasta el 9 de enero de 2023, cuando fuerzas públicas desalojaron a los ocupantes. El conflicto se originó con la toma del Lote 4, ubicado en la Seccional El Maitenal, y fue escalando con episodios de violencia y sabotajes denunciados por las autoridades del parque.
Tras entregarse el 29 de julio, Cárdenas quedó detenido y afrontará el juicio en esa condición. Las audiencias están previstas hasta el viernes 8 de agosto inclusive.
Según el expediente, el primer hecho denunciado corresponde a la ocupación irregular del Lote 4 dentro de la reserva natural protegida. El 22 de enero de 2020, Cárdenas y otros ingresaron al predio y bloquearon accesos con troncos y alambres. Se reportaron agresiones con piedras contra una camioneta de Parques Nacionales y la colocación de banderas mapuches en la zona usurpada.
La fiscalía sostiene que el terreno está bajo posesión estatal desde 1999, tras reubicar a los antiguos pobladores. La comunidad Lof Pailako Futalaufquen Mew, a la que pertenece Cárdenas, reclama el territorio como ancestral, pero no está reconocida ni registrada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Otro hecho clave fue un ataque el 9 de septiembre de 2020, cuando Cárdenas y dos personas encapuchadas arrojaron piedras a los guardaparques Danilo Hernández Otaño y Javier Montbrun, dañando una camioneta oficial. La fiscalía indica que el objetivo fue “impedir el cumplimiento de funciones públicas”.
El 10 de julio de 2021 se produjo el incendio del puente de madera sobre el arroyo Cascada, que inutilizó una vía esencial para conectar Villa Futalaufquen con la Ruta Provincial 71. Según testigos, era la tercera vez que ese puente era incendiado. Ese mismo día, la guardaparque María Laura Fenoglio fue atacada con piedras e insultos por un grupo que incluía a Cárdenas y Salinas, según la acusación.
La fiscalía acusa a Cárdenas de usurpación, daños agravados, atentado contra la autoridad y lesiones en grado de tentativa, subrayando el uso de violencia y el daño a bienes públicos. En el requerimiento se señala que “el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas no habilita la vía de hecho”, y se destaca que los puentes y vehículos afectados son bienes de uso público.
Además, se resalta que los ataques fueron perpetrados por grupos de más de tres personas, lo cual agrava las figuras penales aplicables.
El conflicto no pudo resolverse mediante vías institucionales, a pesar de la intervención del Ministerio de Justicia, el INAI y otros organismos. Desde la comunidad Lof Pailako Futalaufquen Mew se reivindicó la ocupación como una acción de “recuperación territorial” y se denunció la “injerencia del winka” (no indígena) a través de Parques Nacionales. En 2020, la lof defendió la autodefensa y el “control territorial” como formas de sostener sus reclamos.
Sin embargo, la Justicia sostiene que los hechos exceden cualquier protesta legítima y constituyen delitos penales graves. Con la entrega de Cárdenas y el inicio del juicio oral, el proceso judicial avanza con un conjunto de pruebas que incluyen testimonios, peritajes y registros oficiales, marcando un posible precedente en el abordaje de conflictos por tierras en áreas protegidas del país.