La situación de los trabajadores del Casino de Esquel alcanzó un punto crítico tras semanas de audiencias infructuosas y promesas incumplidas. Las 40 familias afectadas enfrentan no solo la incertidumbre laboral, sino una emergencia social que impacta directamente en su alimentación y vivienda.
Según Sebastián Pérez Rienzi, empleado del casino, "la realidad es terrible. Hoy hay gente que no puede pagar el alquiler, y eso es lo de menos porque no tiene para comer". La falta de pago del salario correspondiente a marzo, a pesar de haber cumplido con sus tareas, ha dejado a los trabajadores en una situación límite.
La empresa responsable, tras intentar imponer retiros voluntarios al 50%, optó por el silencio y la ausencia en las últimas audiencias de conciliación. Pérez Rienzi denuncia que "se manejaron con mala fe" y que no existe un canal de diálogo con representantes de la firma. Incluso, los encargados fueron desvinculados con la misma frialdad que el resto del personal.
Desde la perspectiva de los empleados, esta estrategia empresarial busca desgastar a los trabajadores para que acepten indemnizaciones reducidas. La patronal intenta "limpiar el personal" alegando causas inexistentes, a pesar de que la licencia para operar no fue retirada por la Provincia, sino que la empresa decidió no corregir las irregularidades administrativas.
El impacto social en Esquel es profundo, ya que en muchos hogares ambos padres trabajaban en el casino, lo que significa que los ingresos familiares se redujeron a cero de un día para otro. La crisis pone en riesgo no solo el presente, sino también el futuro educativo de los hijos, con casos como el de Pérez Rienzi, quien relata que debe traer a su hijo desde Buenos Aires porque no puede sostener el alquiler: "Lo que significa el esfuerzo para que pueda estudiar en Buenos Aires... y hoy mi pibe me dice: 'Pa, no te hagas problema, me vuelvo'."
Además de la lucha por cubrir necesidades básicas, los trabajadores intentan sobrevivir con trabajos informales en un contexto donde la oferta laboral es prácticamente nula. La falta de ingresos y la acumulación de deudas generan una situación insostenible para estas familias.
Por su parte, el Gobierno Provincial ha mantenido reuniones con los afectados y anunció una futura licitación con cláusula de reabsorción. Sin embargo, los tiempos políticos no se ajustan a la urgencia de quienes necesitan un sustento inmediato. La conciliación obligatoria vence el próximo 20 de abril, pero hasta ahora no se han implementado medidas económicas que alivien la crisis.
En palabras de Pérez Rienzi, "estamos mal por todos lados. Nada alcanza y está muy complicado". Mientras la empresa permanece en la clandestinidad legal y sin cumplir con sus obligaciones, las familias de Esquel atraviesan más de un mes sin ingresos, enfrentando una situación que pone a prueba su dignidad y resistencia.