El Gobierno nacional oficializó la delegación de competencias a nueve provincias, incluyendo Neuquén y Río Negro, para que gestionen concesiones de obra pública con peajes en tramos de rutas nacionales situadas dentro de sus territorios. Esta medida fue formalizada a través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei.
La iniciativa responde a solicitudes realizadas desde 2024 por los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, quienes expresaron su preocupación por el deterioro de la red vial federal. La delegación es funcional, temporal, limitada y revocable, manteniendo el Estado nacional la titularidad y jurisdicción federal sobre las rutas.
Las provincias quedan encargadas de administrar, reparar, ampliar, conservar y mantener los tramos mediante contratos con empresas privadas, mixtas o entes públicos provinciales, conforme a la Ley 17.520 y sus modificaciones. Cada convenio con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) especificará los tramos, plazos (máximo 30 años), planes de obras y controles.
Tramos involucrados: En Neuquén, se incluye toda la Ruta Nacional 242, de aproximadamente 50 km, que conecta el Paso Internacional Pino Hachado desde el empalme con la Ruta Provincial 21 hasta el límite con Chile. Además, un tramo de la Ruta Nacional 22, desde el puente sobre el río Neuquén hasta el empalme con la Ruta Nacional 237 en Arroyito, de unos 58,5 km, también fue transferido.
En Río Negro, los tramos alcanzados corresponden a partes de la Ruta Nacional 22 y la Ruta Nacional 151, corredores clave para la producción, el tránsito pesado y la conectividad regional.
Estas rutas son de alta demanda debido al transporte de hidrocarburos desde Vaca Muerta, el turismo y la actividad productiva, y han sido objeto de múltiples reclamos por su mal estado.
Las provincias no recibirán transferencias financieras directas del Estado nacional para estas tareas. En cambio, podrán licitar y adjudicar concesiones a privados o entes mixtos para financiar las obras y el mantenimiento principalmente mediante el cobro de peajes, cuyos ingresos deberán destinarse exclusivamente al corredor correspondiente.
Para ello, las provincias deben presentar a la Dirección Nacional de Vialidad un plan detallado de obras con cronograma, justificación, fuentes de financiamiento y el peaje máximo proyectado. La licitación debe lanzarse en un plazo máximo de un año desde la aprobación del convenio y el contrato firmarse en un máximo de 90 días hábiles. La DNV tendrá a su cargo la supervisión y auditoría de los contratos.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, adelantó que se implementarán sistemas de peaje y pesaje para camiones “para que no se destruyan las rutas”. En Río Negro, se informó que los peajes se cobrarán una vez que las vías estén en condiciones óptimas, priorizando las inversiones necesarias.