El diputado nacional Juan Pablo Luque advirtió sobre un incremento del 35% en el precio del gas que impactará en las facturas de más de treinta mil familias en 14 localidades de la cordillera chubutense. La medida fue impulsada a través de la Resolución 575/2026 del ENREGE y generó críticas hacia el Gobierno nacional y el gobernador Ignacio Torres por su falta de respuesta ante este escenario.
Según explicó Luque, el aumento busca que los usuarios asuman el financiamiento de las obras correspondientes al gasoducto Cordillerano-Patagónico. La resolución establece un cargo adicional en el cargo fijo mensual para cancelar créditos de la empresa Camuzzi Gas del Sur, lo que implica un aumento directo del 35% en la tarifa.
La construcción del gasoducto comenzó con una inversión inicial de 25.800 millones de pesos, pero debido a los intereses y al IVA acumulados durante el período de gracia, el costo total se elevó en más de nueve mil millones adicionales. Luque presentó un pedido de informes en el Congreso para que se aclare el diseño financiero de este esquema y cuestionó la paralización de los trabajos desde la administración de Mauricio Macri, cuyos costos ahora se trasladan a los usuarios.
El nuevo esquema tarifario afectará a más de 126 mil usuarios distribuidos en 25 localidades de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. En la cordillera, precordillera y comarca andina se verán afectados más de treinta y dos mil hogares, desde ciudades importantes como Esquel y Trevelin hasta pequeñas comunas como Epuyén y Cholila.
En el proyecto presentado en la Cámara Baja, Luque denunció que el cargo uniforme propuesto ignora la realidad de vulnerabilidad social de localidades como Río Mayo o Gobernador Costa. En ese sentido, el diputado fue enfático al rechazar la iniciativa oficial y afirmó que “los usuarios no pueden ser la variable de ajuste de una ingeniería financiera que todavía nadie logró explicar con claridad”.
Además, Luque cuestionó el breve plazo de quince días hábiles establecido para la consulta pública, considerándolo insuficiente debido a la complejidad técnica del expediente y a las dificultades de conectividad que enfrentan varias zonas de la meseta chubutense.
Por otro lado, el intendente Othar evaluó el crecimiento de las ferias como una respuesta paliativa para las economías familiares ante la crisis. Sin embargo, advirtió que este fenómeno impulsa la informalidad y afecta a los comercios formales. En la ciudad, según datos del Centro de Empleados de Comercio, durante 2026 cerraron más de 350 locales y se perdieron alrededor de 2.000 puestos laborales en el sector.