La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones la insistencia en la sanción original de la Ley de Emergencia en Discapacidad, rechazando así el veto presidencial impuesto por Javier Milei. Para que el veto quede definitivamente anulado, el Senado deberá también conseguir los dos tercios de los votos en una próxima sesión.
El diputado nacional Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, manifestó optimismo respecto a la posibilidad de conseguir la ratificación en la Cámara alta: “Va a salir”, aseguró en diálogo con la 750. Además, indicó que si la ley se mantiene, se abrirá la posibilidad de abordar aumentos y moratorias para jubilaciones. "Hay resistencia a los temas, pero si empezamos bien quizás siga bien", agregó.
En relación con el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni sobre un posible aumento en las pensiones por discapacidad, Yedlin aclaró: "Lo que pasa es que va a salir (el rechazo al veto), entonces lo que está haciendo Adorni es quedar del lado de los buenos. Pero si no fuera por la ley no le aumentarían nada".
Daniel Arroyo, diputado y autor de la ley, destacó que esta iniciativa "está fuera de la grieta" y que se basa en "pura justicia, humanidad y racionalidad económica". Criticó duramente el veto y la postura del Gobierno: "El veto de verdad es absurdo. Todos sabemos que la ley no tiene impacto fiscal, mejora la situación y reordena un sistema colapsado. No tiene sentido que el Gobierno la haya vetado".
Arroyo también cuestionó la reiterada promesa de mejorar el nomenclador, que según dijo, ya fue anunciada cinco veces sin avances concretos. Denunció que este año el aumento en el sector fue apenas del 0,5% y describió la situación como desesperante: las familias de personas con discapacidad enfrentan dificultades para acceder a medicamentos, traslados y servicios básicos, mientras el sistema se encuentra en colapso.
Por su parte, Esteban Paulón, diputado de Encuentro Federal, calificó de "cínico" al vocero presidencial Manuel Adorni por anunciar aumentos en las prestaciones en términos condicionales y sin concreciones. Paulón alertó sobre la posibilidad de que el Gobierno utilice esa ambigüedad para evitar cumplir con la ley si no se logra la ratificación en el Congreso.
Además, Paulón anunció la presentación de una citación para que el Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expliquen audios filtrados que involucran negociaciones irregulares y posibles actos de corrupción relacionados con la discapacidad. "El Gobierno no se cansa de decir que está recortando curros y parece que los curros eran los litros de nafta para transportar a los niños a las terapias, pero no hay ojo clínico para ver la corrupción que sigue reinando", concluyó.
Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la inclusión de personas con discapacidad, pidió a los diputados que acompañen la ley y respondan a los intereses de la gente. Destacó que en el Congreso se realizó un acto pacífico con la presencia de numerosas instituciones, personas con discapacidad y familiares que exigen la sanción definitiva de la ley, enfatizando que este colectivo es uno de los más vulnerables.
La oposición logró reunir quórum para la sesión con la presencia de diputados de diversos bloques y la inesperada participación de dos legisladores libertarios, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, quienes bajaron al recinto pese a las diferencias con su partido. Entre los ausentes se contaron algunos diputados con razones políticas o electorales.
Florencio Randazzo, diputado de Encuentro Federal, contribuyó a alcanzar el quórum pero se retiró del recinto poco después de iniciarse el debate sobre la ley de Emergencia en Discapacidad.
La diputada Victoria Borrego, de la Coalición Cívica, denunció que el veto presidencial viola la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, afectando la integridad física y mental de este colectivo. Señaló que la falta de actualización de las prestaciones hace que su cumplimiento sea prácticamente imposible.
Christian Castillo, diputado del Frente de Izquierda, calificó el veto de Milei como "profundamente antidemocrático" y enfatizó que quienes voten en contra de la ley enfrentarán el rechazo público de las personas con discapacidad y sus familias, que se encuentran movilizadas en todo el país. Además, cuestionó la falta de respuestas oficiales frente a los audios filtrados que señalan actos corruptos en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Tras la presentación de cuestiones de privilegio, la Cámara de Diputados comenzó formalmente el tratamiento para insistir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que declara la emergencia en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.