El gobierno nacional ha tomado la decisión de aplicar un examen de idoneidad a 40 mil empleados de la planta transitoria del Estado y a aquellos en condición de contratados. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, el examen se realizará de manera online para evitar cualquier tipo de subjetividad en el proceso. Esta medida se encuentra enmarcada en la Ley Bases y en el decreto reglamentario del empleo público.
Es importante destacar que en esta instancia los discapacitados no participarán del examen, ya que los sistemas requieren adaptaciones adicionales. El test se llevará a cabo en el mes de diciembre, antes de que venzan los contratos de los empleados, y su aprobación será necesaria para su renovación.
La evaluación de conocimientos y competencias para trabajar en el Estado fue establecida a través del decreto 695/2024, el cual introdujo diversas modificaciones en el sistema de empleo público en agosto de este año. Bajo un sistema de anonimato, la identificación del candidato se realizará una vez finalizada la calificación.
El cumplimiento de los requisitos y las previsiones de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública será verificado por la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente al cargo concursado. En casos pertinentes, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, que debe expedirse en un plazo de cinco días.
Además, se requerirá la presentación de una declaración jurada patrimonial y la verificación de los antecedentes laborales cuando sea necesario para la función a desempeñar. Asimismo, la designación de los empleados estará sujeta a la acreditación del certificado de aptitud psicofísica.
Es importante destacar que el desempeño de los empleados será evaluado de manera constante y aquellos que deseen ser promovidos deberán someterse nuevamente a una instancia de evaluación. Esto busca garantizar que los empleados estatales mantengan un alto nivel de competencia y rendimiento a lo largo de su carrera.
El régimen de contrataciones incluye tanto la contratación por tiempo determinado como la designación en plantas transitorias. Estas modalidades están destinadas a actividades de carácter transitorio o estacional. Los contratos especificarán las funciones del empleado, la equiparación escalafonaria y la duración del trabajo. Es importante tener en cuenta que el personal contratado bajo este régimen no goza de estabilidad y su contrato puede ser rescindido en cualquier momento.
Desde que asumió el gobierno, se ha llevado a cabo un proceso de reorganización de la planta del Estado, que ha incluido la no renovación de cientos de contratos y la disponibilidad de aquellos que forman parte de la planta permanente. Con el fin de gestionar esta reestructuración, se ha creado el Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad.
El decreto establece un período de disponibilidad para el personal afectado. Durante este tiempo, los empleados recibirán un importe mensual equivalente a su retribución escalafonaria, sin ninguna otra remuneración adicional. La indemnización se calculará en base a las retribuciones percibidas hasta el momento del pase a disponibilidad. Aquellos empleados con sumarios en curso no podrán cobrar la indemnización hasta que se resuelva su situación.
Cabe destacar que los empleados de licencia por enfermedad, maternidad y/o accidente no podrán ser afectados por la disponibilidad. Aquellos que estén próximos a jubilarse, dentro de un período máximo de 12 meses, serán reubicados de manera transitoria hasta que se resuelva su situación.
En relación a las reubicaciones y movilidades, el decreto establece que la afectación definitiva de un agente a otra dependencia será considerada como un traslado, siempre y cuando exista una vacante financiada. Además, se podrán realizar permutas a solicitud de agentes de igual situación escalafonaria, siempre y cuando no afecten la necesidad del servicio.
Por otro lado, el gobierno ha establecido un sistema de puntaje y sanciones para aquellos empleados que incumplan sus funciones. Las infracciones contempladas incluyen llegadas tarde, incumplimiento del horario, inasistencias y condenas judiciales, entre otras. Esta normativa tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las responsabilidades laborales y mantener la eficiencia en el servicio público.