El presidente Javier Milei ha hecho una importante declaración en relación a la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Universitario. A través de sus redes sociales, el mandatario anunció que vetará por completo dicha ley. Esta decisión se enmarca en la línea de su postura en contra de leyes que intervienen en áreas económicas clave, como el aumento de las jubilaciones mínimas.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ya había adelantado que la decisión final estaba en manos del presidente. En su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), Álvarez escribió: "La última palabra sobre el veto la tiene el Presidente, como corresponde". Poco tiempo después, Milei respondió de manera tajante con un breve pero contundente mensaje: "Veto total".
La Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por la Unión Cívica Radical (UCR), fue aprobada en el Senado con 57 votos a favor, diez en contra y una abstención. Este proyecto busca brindar mayor financiamiento a las instituciones de educación superior de carácter nacional, promoviendo la inversión pública en el sector universitario.
El presidente Bartolomé Abdala, quien presidió la sesión en la que se votó la ley, destacó la importancia de este proyecto para fortalecer el sistema universitario del país. Sin embargo, todo indica que el presidente Milei vetará la ley en su totalidad.
La ley sancionada implica un aumento para los docentes y no docentes, que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, tendrá un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, equivalente al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto implica ajustar las partidas presupuestarias por parte del Poder Ejecutivo para cubrir los gastos de funcionamiento, investigación y extensión de las universidades. Además, se deberá realizar una actualización cada dos meses en función de la inflación. Sin embargo, todas estas medidas podrían quedar en suspenso si el presidente concreta el veto.
Esta decisión del presidente Milei genera incertidumbre en el sector universitario y plantea interrogantes sobre el futuro de la financiación de las instituciones educativas. Los actores involucrados deberán seguir de cerca los acontecimientos para conocer más detalles sobre el impacto de esta medida.