En medio de las protestas universitarias que se están llevando a cabo en todo el país, el Gobierno tomará medidas para auditar a las universidades públicas y controlar el uso de los fondos estatales que reciben. Miguel Blanco, director de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), reveló detalles de esta tarea, que generó polémica luego de que el presidente vetara la Ley de Financiamiento Universitario.
Blanco explica que comenzarán a trabajar en el programa de auditorías la semana próxima, priorizando casos como el de la Universidad de La Matanza. Además, se conformarán equipos de auditores y se definirá qué universidades seguirán en función de los volúmenes de fondos y calidad de convenios.
El objetivo principal de estas auditorías es analizar el sistema de control interno de las universidades, revisar los procesos y controles existentes y verificar el uso de los fondos a través de un muestreo. Sin embargo, se aclara que no se intervendrá en asuntos relacionados con la autonomía universitaria, como la designación de autoridades o la elección de carreras y profesores.
Los informes resultantes de las auditorías estarán disponibles al público a través de los mecanismos de acceso a la información pública y podrán ser publicados en la página web de la SIGEN. Se prestará especial atención a los convenios firmados, para determinar si los trabajos encargados se realizan con recursos propios o si se subcontratan a terceros.
En caso de sospecha de corrupción, los casos serán derivados a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para su correspondiente seguimiento.
Este plan de auditorías se lleva a cabo en un momento de gran tensión entre el gobierno y las autoridades universitarias. Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Docentes Universitarios y el movimiento estudiantil han exigido un aumento en las partidas presupuestarias ajustadas a la inflación acumulada desde diciembre de 2023. La asignación de recursos por parte del gobierno ha llevado a una pérdida del 30% en el poder adquisitivo del personal docente y no docente.
Un punto conflictivo en particular es la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande y prestigiosa del país. El gobierno ha señalado a las autoridades de esta institución como el principal adversario en la discusión sobre el uso de los recursos. Blanco mencionó que en el pasado hubo resistencia por parte de la conducción de la UBA para ser auditados, pero se mostró optimista y afirmó que deberían dar el ejemplo de transparencia por ser la universidad más importante del país.
Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, respondió a estas críticas señalando que la institución cuenta con controles internos y externos, siendo auditada tanto por la Auditoría General de la Nación como por auditorías internas. Destacó que el control externo es importante, ya que las propias universidades no pueden controlarse por sí mismas.
En resumen, el Gobierno avanza en su plan para auditar a las universidades públicas con el objetivo de controlar el uso de los fondos estatales que reciben. Se realizarán auditorías haciendo foco en el sistema de control interno, procesos y controles existentes, así como en el uso de los fondos. El público tendrá acceso a los informes resultantes de las auditorías y los casos de sospecha de corrupción serán remitidos a las autoridades correspondientes. Esta medida se lleva a cabo en un contexto de conflicto entre el gobierno y las autoridades universitarias, que han pedido un aumento en las partidas presupuestarias. En particular, la Universidad de Buenos Aires ha sido señalada como un punto de conflicto, aunque aseguran tener controles internos y externos.