En su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei colocó a la minería como uno de los ejes centrales de su estrategia de crecimiento económico. En ese marco, afirmó que la actividad “se desplegará por toda la cordillera” y que podría generar cientos de miles de puestos de trabajo, incluso sugiriendo que, de replicarse modelos como el chileno, el impacto laboral sería aún mayor.
La definición no fue menor. La cordillera de los Andes concentra algunos de los proyectos mineros más importantes del país, vinculados al oro, la plata, el cobre y el litio. También es una región donde el debate sobre el uso del agua, la protección de glaciares y el impacto ambiental ha marcado la agenda política y social de los últimos veinte años.
Las palabras del Presidente reavivaron una tensión histórica con los movimientos socioambientales. En Argentina existen decenas de asambleas anti-mineras organizadas en distintas provincias cordilleranas. En Chubut, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel nació en 2002 y se convirtió en un caso emblemático tras impulsar el plebiscito que frenó un proyecto de explotación de oro. Desde entonces, la consigna “No a la mina” se expandió por la región y dio origen a la Unión de Asambleas de Comunidades.
En La Rioja, las movilizaciones en Famatina lograron frenar distintos emprendimientos extractivos a lo largo de los años. En San Juan, Jáchal No Se Toca se consolidó como referente tras denuncias por derrames y contaminación. Mendoza, Río Negro, Catamarca y Neuquén también cuentan con espacios organizados que articulan marchas, cortes informativos de ruta, campañas judiciales y acciones legislativas para limitar el avance de la megaminería.
En la Patagonia, el rechazo social a la minería metalífera a cielo abierto ha tenido especial intensidad. En 2021, una masiva movilización provincial en Chubut logró la derogación de una ley que habilitaba la zonificación minera. Aquellas protestas dejaron en claro que el conflicto excede lo técnico y se inscribe en una discusión profunda sobre el modelo productivo.
Para el Gobierno nacional, la minería representa una oportunidad estratégica en un contexto global de alta demanda de minerales críticos y necesidad de divisas. Para las asambleas, en cambio, el eje está puesto en la defensa del agua y los ecosistemas de montaña, bajo la premisa de que sin recursos naturales no hay desarrollo sostenible posible.
El discurso presidencial, lejos de cerrar la discusión, la reabrió con fuerza. En la cordillera, donde la riqueza mineral convive con glaciares, ríos y comunidades organizadas, el debate vuelve a instalarse como uno de los grandes temas del año político.