El Ministerio de Desregularización presentó hoy la Ley Hojarasca y envió otros dos proyectos al Congreso de la Nación. El primero propone modificar la ley de divorcio, mientras que el segundo impulsa un proceso de modernización judicial que abarca los depósitos y los bienes incautados.
La norma que modifica la ley de divorcio busca agregar una nueva causa de disolución del matrimonio. Actualmente, las causas de disolución del matrimonio están establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación y son la muerte de uno de los cónyuges, la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y el divorcio declarado judicialmente. Con este proyecto, se propone agregar el "divorcio en sede administrativa, equiparado en cuanto a sus efectos con el declarado en sede judicial".
Además, se plantea modificar el artículo que establece cómo se decreta el divorcio. La nueva versión agrega que también se podrá solicitar el divorcio en sede administrativa, pero únicamente a petición conjunta de ambos cónyuges y ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal.
Por otro lado, esta ley también busca agilizar los trámites y disminuir los costos. En este sentido, se propone agregar nuevos ítems a la Ley 26.413, que se refiere a los matrimonios inscritos en los libros correspondientes. Se añaden los matrimonios celebrados por funcionarios judiciales en el caso del artículo 421, segundo párrafo del Código Civil, así como aquellos celebrados por capitanes de buques y aeronaves de bandera argentina, asentándose ante el oficial público del primer puerto o aeropuerto argentino de arribo. También se incluirá el divorcio en sede administrativa.
Con estos proyectos, el Ministerio de Desregularización busca modernizar y agilizar los procesos judiciales, brindando mayores opciones para la disolución del matrimonio y simplificando los trámites para los ciudadanos. De aprobarse sin modificaciones, la ley Hojarasca y los otros proyectos presentados tendrán un impacto significativo en el sistema judicial y en la vida de muchas personas en el país.