El debate sobre el polo tecnológico de Tierra del Fuego sigue siendo un tema candente en el país, que ha generado más consultas psicológicas y sociológicas que económicas. A pesar de existir un consenso general sobre su insostenibilidad, aún no se toman medidas definitivas. La reciente decisión del presidente Javier Milei de implementar un decreto para facilitar la importación de productos tecnológicos ha despertado dudas. Históricamente, ha habido intentos fallidos de reducir los beneficios otorgados a esta industria subsidiada; no obstante, los industriales fueguinos han demostrado ser hábiles en el cabildeo político y mediático.
La situación se complica aún más en vista de que Nicolás Caputo podría verse afectado por las nuevas regulaciones, mientras que sus compatriotas, Toto y Santiago Caputo, están involucrados en el bando opuesto, lo que añade un inesperado giro a las negociaciones. En este contexto, ya corren rumores sobre posibles incentivos fiscales que compensen la reducción en el coste de producción importada. La exención del IVA, mejoras logísticas y la búsqueda de una mayor desintermediación comercial son algunos de los temas en la mesa de discusión. La situación es alarmante, ya que se estima que más de 8.000 trabajos están en riesgo.
Desde las organizaciones sindicales y el peronismo, se organizan manifestaciones en defensa de "la soberanía, la industria nacional y los puestos de trabajo", reflejando la presión popular que se siente en atención a la crisis. Además, el clima internacional tampoco es favorable; Donald Trump ha abogado por los costes internos más altos para el consumidor, proponiendo que a cambio se generen más empleos locales y se reduzca la dependencia de China.
Resulta curioso que muchos de los que ahora defienden la industria fueguina no tomaron postura al presentar el presupuesto de 2023 en el que Sergio Massa propuso eliminar subsidios a sectores privilegiados, comenzando por el polo tecnológico. Este régimen de promoción tiene un costo fiscal significativo, equivalente a un tercio del PBI, y aunque el discurso cambiante de Juntos por el Cambio se adapta, la situación real del sector no ha cambiado radicalmente desde que asumieron el poder.
Los debates en torno a la industria tecnológica en Tierra del Fuego han puesto en evidencia, además, que lo que está en juego son elementos ideológicos y geopolíticos más que meramente económicos. Desde los planes desarrollistas de los años sesenta hasta la actualidad, la idea de subsidiar el desarrollo de zonas remotas ha sido fundamentada en argumentaciones de defensa nacional e identidad cultural. Sin embargo, la comunidad sigue sintiendo las consecuencias de un sistema que, si bien ha propiciado cierta industrialización, no ha logrado un impacto económico sostenible genuino.
Este escenario se complica aún más cuando se considera que en la actualidad se estima que uno de cada tres teléfonos que circulan en el país son de contrabando. A pesar de la producción vigente de 5,5 millones de dispositivos anuales, la perspectiva es incierta. Los habitantes de Tierra del Fuego están cada vez más conscientes de que sus privilegios fiscales superan los costos y beneficios económicos que se derivan de toda esta cuestión. Así, la lucha por el futuro de la industria tecnológica local se intensifica, pues los números continúan generando inquietud entre todos los sectores involucrados y la población en general.