Durante el debate en un plenario de comisiones del Senado sobre la emergencia sanitaria pediátrica, la senadora del PRO por Córdoba, Carmen Álvarez Riveros, provocó controversia al expresar que no considera que los niños argentinos tengan derecho a ser atendidos en el Hospital Garrahan. "Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garraham a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado", afirmó en una de sus intervenciones iniciales.
La declaración se produjo en el marco de una discusión sobre la reorganización del sistema sanitario nacional, donde Álvarez Riveros también destacó la precaria situación de los hospitales provinciales. "La salud de las provincias está en su mínima expresión. A mí me da vergüenza cuando voy a los hospitales que supieron ser modelo en Córdoba y alguno de los ascensores no anda, porque la gestión, y la gestión en salud argentina, deja muchísimo que desear, mucho más allá de los sueldos", señaló.
Además, la senadora planteó la necesidad de debatir sobre las competencias en salud, apuntando que "es puro del Senado, qué tiene que hacer cada jurisdicción" y remarcó la importancia de discutir la asignación de recursos. "Quiero que vengan recursos entonces también para Córdoba, cuando atendemos a personas de otra jurisdicción", añadió.
Las palabras de Álvarez Riveros generaron una inmediata reacción de otros legisladores, como Martín Lousteau, quien criticó duramente la postura expresada. "Creo que hay otros agraviados, casi insultados en sus palabras", comenzó el senador. "Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Eso es un país injusto. Entonces, que alguien diga que los niños en Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan, da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona y cuán alejada está de eso".
Lousteau enfatizó la gravedad de negar ese derecho: "Aquel que no tiene recursos, un padre angustiado porque su hijo tiene una enfermedad gravísima, le estamos diciendo que no tiene derecho a ser atendido. Entonces, me parece de un nivel de agravio y de violencia inusitado". También cuestionó la idea de que cada provincia deba tener un sistema hospitalario de alta complejidad: "No es así como se organiza un sistema de salud. Precisamente porque hay casos muy específicos que son pocos, pero que la infraestructura básica para poder dar esos tratamientos es carísima".
En respuesta, Álvarez Riveros aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas y explicó: "Los chicos que se operan en el Garraham no tienen nada que ver en esa discusión. Pero no podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pagado por todos... Y que hay que decir la verdad: ¿a quién le provee más servicios? A la población de Ciudad de Buenos Aires y del AMBA. Esa es la mayoría". Además, defendió la descentralización: "¿Por qué la salud es de competencia provincial? Porque es donde están las personas. Es esencial que la salud esté lo más cerca posible. Eso es un concepto muy básico".
Luego del debate, el plenario de comisiones firmó el dictamen que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales por un año. El documento establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos para bienes de uso, insumos críticos, mantenimiento, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial para la atención pediátrica en todo el país.
Además, se contempla la recomposición salarial del personal de salud asistencial y no asistencial que trabaja con población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales de todas las especialidades, con un aumento que no podrá ser menor al recibido en términos reales en noviembre de 2023. También se dispone la eximición del pago de ganancias para el personal que realice actividades críticas, horas extras o guardias.
Como símbolo de esta iniciativa, el Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan" fue declarado hospital de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal estimado para el segundo semestre del año será de $65.573 millones.