En el inicio del juicio oral por la Masacre de Punta Tombo, el abogado defensor Federico Ruffa hizo un planteo previo en nombre de su cliente, Ricardo La Regina, acusado de ocasionar un desastre ambiental al pasar con una topadora sobre cientos de nidos de pingüinos en noviembre de 2021. Sin embargo, este pedido fue denegado por unanimidad por el tribunal.
Ruffa argumentó que su cliente tenía derecho a solicitar la suspensión del juicio a prueba, a pesar de su consejo profesional en contra. Según el abogado, La Regina deseaba establecer una convivencia con los pingüinos, al igual que su familia lo ha hecho durante más de cien años. Ruffa expresó su preocupación por no haber tenido la oportunidad de negociar con los acusadores y propuso una mesa de negociación para llegar a una reparación ante cualquier posible hecho delictivo.
La oferta de suspender el juicio a prueba no implica reconocer la culpabilidad, sino evitar el tormento de un juicio de estas características. Ruffa destaca que su cliente no tiene antecedentes penales y cuestiona la falta de explicación sobre el daño causado a la propiedad ajena en el caso.
Sin embargo, cuando La Regina se disponía a exhibir un video, la fiscalía y la querella se oponen al uso de cualquier soporte que pudiera influir en el tribunal. Ruffa expresa su desacuerdo con esta decisión, ya que considera que las palabras de su cliente no tienen el mismo impacto que las de la fiscalía.
La Regina afirma que su propuesta de ceder parte de su campo a la reserva es la mejor opción para todos, ya que siempre ha pensado en destinar la tierra exclusivamente a los pingüinos y al turismo. Según él, las dos actividades, la ganadería y la protección de los pingüinos, son incompatibles y la delimitación es necesaria. Sin embargo, nunca ha obtenido respuesta de las autoridades y ve en este juicio la oportunidad de hacer efectiva su propuesta.
La fiscalía, la querella y la Fiscalía de Estado se oponen al planteo de suspender el juicio a prueba. Argumentan que el planteo es extemporáneo y que se han invertido muchos recursos humanos y materiales en la audiencia de debate. Además, la Fiscalía de Estado señala que La Regina no tiene la capacidad jurídica y legal para ofrecer tierras y que además se ha violado el medio ambiente, un derecho fundamental humano.
Tras un cuarto intermedio, el tribunal resuelve de forma unánime no acceder al pedido de la defensa, por lo que el juicio oral y público debe continuar.