La Cámara Federal de Casación Penal decidió abrir una instancia para revisar la legalidad de la probation que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia había otorgado a Jorge Taboada y a otros 20 afiliados del Sindicato de Camioneros implicados en el escándalo por el robo de vacunas Sputnik V durante la pandemia de COVID-19.
Este caso, que generó conmoción nacional, fue revelado gracias a una investigación periodística que expuso una maniobra clandestina para inocular a dirigentes gremiales con dosis que estaban destinadas exclusivamente al personal esencial de salud, en un contexto de extrema escasez.
El fallo firmado por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques dio lugar a un recurso presentado por el fiscal Teodoro Nürnberg, quien había cuestionado previamente la suspensión del juicio a prueba que beneficiaba a los imputados, todos miembros y directivos del sindicato.
Los 21 involucrados, entre ellos Jorge Taboada, Héctor Guzmán, Darío Guzmán y Vilma Borau, fueron inicialmente beneficiados con una probation de un año, que implicaba el pago de reparaciones económicas que oscilaban entre $400.000 y $3.000.000, destinadas al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, además de cumplir con 96 horas de trabajo comunitario en el hospital o en la "Casa del Niño" para evitar el juicio oral.
La reapertura del análisis judicial plantea dos posibles caminos: mantener la probation o que uno o varios de los imputados deban someterse a un juicio oral y público para determinar su responsabilidad en el episodio, por el cual fueron imputados por encubrimiento.
En junio, la única condena dictada en relación con este caso fue para Analía Elizabeth Muñoz, quien recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso por hurto y cohecho pasivo, y para Marcos Eugenio Paura, condenado a 2 años y 6 meses en suspenso por cohecho activo.
La investigación probó que Paura, empleado del Sindicato de Camioneros, ofreció $30.000 a Muñoz, enfermera del Hospital Regional, para que inoculara con la vacuna Sputnik V a trabajadores y dirigentes del sindicato, entre ellos Taboada, secretario general del gremio. Ninguno de los beneficiados formaba parte de los grupos prioritarios para la vacunación, que en ese momento incluían únicamente a personal esencial de salud y adultos mayores.
El robo de 30 dosis ocurrió en enero de 2021, con la extracción de vacunas del depósito del hospital. La inoculación se realizó en un consultorio no habilitado para tal fin, perteneciente a la obra social de Camioneros en Comodoro Rivadavia. Junto con las vacunas, también fueron sustraídos geles, heladeras, termómetros de frío y carnets de vacunación.
Este fallo de la Cámara de Casación vuelve a poner en el centro del debate uno de los casos más controvertidos de la pandemia en la región, con un fuerte impacto social y político. La revisión judicial podría cambiar el destino procesal de los imputados, que hasta ahora habían evitado el juicio oral gracias a la probation.
La expectativa está puesta en la decisión que tome la Justicia sobre si se confirma el beneficio o si los sindicalistas deberán responder ante un tribunal por su participación en esta maniobra que atentó contra la equidad en el acceso a la vacunación en un momento crítico para el país.