Un pasado que advierte y un presente que preocupa
La reciente investigación publicada por El País sobre la contaminación que dejó una antigua mina de uranio en Córdoba encendió nuevamente las alarmas en todo el país. Allí, décadas de abandono y falta de control estatal derivaron en filtraciones de residuos radiactivos, daños ambientales y comunidades que aún reclaman respuestas.
La mina de uranio de Los Gigantes, ubicada en las sierras de Córdoba, fue explotada entre las décadas de 1980 y 1990 por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Tras su cierre, el sitio quedó abandonado con miles de toneladas de residuos radiactivos y químicos a cielo abierto, sin un plan efectivo de remediación. Con el paso de los años, las lluvias y escorrentías provocaron filtraciones hacia arroyos y cuencas cercanas, afectando el ambiente y generando preocupación entre los vecinos. Hoy, más de treinta años después, la mina sigue siendo un pasivo ambiental de enorme magnitud y un símbolo de cómo la falta de control estatal puede transformar una promesa de desarrollo en una herida abierta para toda una región.
Esa historia, que debería servir como advertencia, resuena con fuerza en Chubut: una provincia que ya debatió este tema durante años y que expresó su oposición de manera masiva en cada intento de habilitar la megaminería.
Una sociedad que ya decidió, pero un Estado que no escucha
En Chubut, el rechazo social a la minería no es un fenómeno nuevo ni marginal. Desde la histórica pueblada de Esquel en 2003, hasta las masivas movilizaciones de 2021 contra la zonificación minera, la posición ciudadana ha sido clara: la sociedad no acepta proyectos extractivos que pongan en riesgo el agua y el ambiente.
Pese a ello, el gobierno provincial evita someter el tema a una consulta popular o plebiscito, a sabiendas del resultado que tendría. La falta de coraje político para escuchar formalmente a la ciudadanía —y la persistencia en mantener conversaciones reservadas sobre exploraciones y permisos— profundizan la desconfianza.
“Si el gobierno está tan convencido de que la minería traerá desarrollo, ¿por qué no pregunta al pueblo?”, se preguntan vecinos y asambleas ambientales en toda la cordillera.
El avance en silencio
En paralelo, mientras la atención pública se dispersa entre otros temas, distintos organismos nacionales promueven la reactivación de proyectos de uranio bajo el argumento de la “soberanía energética”. En este contexto, Chubut figura nuevamente en los mapas de exploración.
Lo preocupante es el modo en que estas iniciativas avanzan: sin información transparente, sin consulta pública, sin control independiente y —sobre todo— sin consentimiento social.
El recuerdo de lo ocurrido en Córdoba, donde el abandono de una mina dejó un pasivo radiactivo que perdura hasta hoy, pone en duda la capacidad del Estado argentino para garantizar seguridad y control.
¿Qué garantías tiene el pueblo de Chubut?
Frente a este escenario, las preguntas son inevitables:
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¿Qué controles ambientales concretos se aplicarán si se habilitan exploraciones de uranio en la provincia?
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¿Qué garantías pueden esperar las comunidades ante un Estado que ni siquiera informa sus pasos?
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¿Quién asumirá las responsabilidades si, dentro de 20 años, quedan residuos radiactivos y agua contaminada, como ocurrió en otras provincias?
La ausencia de consenso es también una forma de respuesta
Chubut ya habló muchas veces: en las calles, en las escuelas, en las universidades, en los concejos deliberantes y en las urnas. Sin embargo, los gobiernos —tanto provincial como nacional— parecen insistir en avanzar por detrás de la sociedad, a espaldas de la voluntad popular y sin el debate democrático que el tema merece.
En una provincia que protege su agua como un bien sagrado y que ha pagado caro los errores de otros, la falta de diálogo y transparencia solo puede interpretarse como una provocación por parte del gobierno Nacional y provincial que avanzan negociaciones sin comunicarlas de frente a la sociedad.
Un llamado a la responsabilidad
La experiencia demuestra que sin consenso social, ningún proyecto minero tiene legitimidad ni futuro en Chubut. Y si además se trata de uranio —una sustancia con riesgos radiológicos y pasivos a largo plazo—, el silencio oficial se vuelve aún más preocupante.
La provincia no necesita secretismo ni discursos vacíos: necesita garantías, transparencia y respeto por la decisión del pueblo.
Hasta tanto eso no ocurra, cada anuncio de “desarrollo minero” será leído como lo que es: una amenaza al consenso social y al derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio.