La Cámara que agrupa a las plantas frigoríficas de ovinos y bovinos de la Patagonia expresa su rechazo a la resolución 180/2025 del SENASA que permite el ingreso de carne con hueso y vísceras desde el norte del país hacia la región. Considera que esta medida es "inconsulta y arbitraria", y ha solicitado a las autoridades su derogación definitiva. El Parlamento rionegrino también se sumó a esta solicitud de eliminar la norma.
Uno de los principales argumentos que esgrime la Cámara es la incertidumbre que genera esta medida ante los países compradores de carnes con hueso de la Patagonia, ya que no se garantiza que continúe el ingreso de este tipo de carne a los mercados internacionales, como la Unión Europea. Además, advierte que la entrada masiva de carne desde el norte del país podría provocar una baja importante en los precios, perjudicando la producción en un momento en que ya de por sí no se encuentra en buen nivel.
Otro aspecto importante es que esta situación puede comprometer la viabilidad de la producción ovina y bovina en la Patagonia, lo que significaría una pérdida significativa en cuanto a producción e industrialización, así como también afectaría la economía rural y la soberanía de la región. Además, se cuestiona la justificación de reducir el precio del asado para los habitantes de la Patagonia, ya que hasta el momento la carne sin hueso proveniente del norte del país no ha logrado bajar los precios de manera significativa.
La Cámara destaca que la solución adecuada sería mejorar el estatus sanitario en lugar de permitir el ingreso masivo de carne con hueso desde el norte. Propone que se realice un corrimiento de la barrera sanitaria hacia el norte, y así permitir que nuevas regiones se sumen a un mercado mundial que abarque a varios millones de habitantes. Para ellos, la producción ovina y bovina en la Patagonia no solo significa producción animal, sino que representa la producción de la Patria.
Es evidente que esta medida ha generado gran preocupación en la industria frigorífica de la Patagonia, así como en las autoridades locales y en todos aquellos involucrados en la producción y comercialización de carne en la región. Se espera que las autoridades tomen en cuenta estas voces y reevalúen la resolución para no poner en riesgo un trabajo de muchos años y la economía de la región patagónica.