Los subsidios de Trabajo en Chubut: Entre la polémica y la justicia
La provincia de Chubut se encuentra en el centro de una controversia que involucra a ex funcionarios y una suma millonaria en subsidios de Trabajo. Se trata de un fondo anual de $6 mil millones, generado por la tasa del “8 por mil” que aportan los empresarios a la Secretaría de Trabajo. Este año, la cifra ya ha alcanzado la mitad de su total, sumando $3 mil millones.
La polémica surge por la forma en que se ha manejado este fondo. Se han levantado acusaciones de descontrol y discrecionalidad en la distribución de estas sumas a diversas cooperativas. Un caso particularmente llamativo es el de una fundación en Puerto Madryn, que ha recibido beneficios significativos y que ahora podría enfrentarse a una causa penal contra ex miembros del gobierno provincial.
Investigaciones recientes han revelado prácticas cuestionables, como la falta de rendición de cuentas y la presentación de facturas fraguadas, lo que ha llevado a la Oficina Anticorrupción de Chubut a denunciar a varias cooperativas de trabajo. Estas denuncias han destapado un posible esquema de corrupción que implica la connivencia de funcionarios provinciales de la Secretaría de Trabajo durante la gestión anterior.
Las irregularidades son muchas: se informan compras de herramientas pero no se adjuntan fotos y nadie sabe dónde están guardadas; o también, se presentan facturas con un código QR que al ser abierto remite a cualquier lado, es decir que fueron adulteradas; o en otro ejemplo, aparecen destinatarios de capacitaciones que hicieron desde la cárcel 10 cursos de todo tipo: son siempre los mismos nombres y el mismo listado.
El fiscal a cargo de la Oficina Anticorrupción, Diego Carmona, ha señalado irregularidades en la rendición de subsidios y ha identificado un modus operandi preocupante en la presentación de facturas adulteradas. Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y control en la gestión de fondos públicos, especialmente cuando se trata de recursos destinados al fortalecimiento institucional y la recuperación de empleo.
La situación en Chubut es un recordatorio de la importancia de la vigilancia ciudadana y la acción judicial para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la comunidad. Mientras la investigación continúa, la expectativa de justicia y reforma se mantiene firme entre los ciudadanos de la provincia.