La Asociación de Magistrados junto con el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUCH) formalizaron un pedido de juicio político contra Javier Raidán, actual presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Chubut. La presentación se fundamenta en acusaciones graves como el “incumplimiento de los deberes a su cargo”, “delitos en el ejercicio de sus funciones” y “desconocimiento inexcusable del derecho”.
El documento fue entregado a la Legislatura provincial por los abogados Raúl Heredia y Alfredo Pérez Galimberti. Cabe mencionar que Raidán se encuentra actualmente de licencia por motivos de salud, ausentándose de sus funciones como titular del organismo judicial.
En la fundamentación de la denuncia, se destaca la importancia de la independencia y equilibrio entre los poderes del Estado, expresando que “la idea de la República democrática se construye sobre la base de tres poderes que se equilibran y controlan, que se reparten las competencias del Estado conforme normas constitucionales, y que las defienden de toda intromisión indebida de otro de los poderes”. Además, se resalta que existen “remedios constitucionales” para controlar abusos de atribuciones.
Entre los puntos cuestionados, se menciona el sometimiento del Poder Judicial a la Subsecretaría de Trabajo, en relación con un reclamo sindical que derivó en una intervención atípica de esta dependencia provincial. También se critica la reacción del Poder Ejecutivo frente a un aumento salarial otorgado a los ministros del STJ, que habría violado la Ley de porcentualidad, y que fue públicamente cuestionado por el gobernador Ignacio Torres.
La denuncia incluye acusaciones específicas contra Raidán, tales como la “delegación prohibida de competencias asignadas por vía constitucional y legal” y el incremento de remuneraciones sin respaldo legal. Se señala además el uso de vehículos oficiales para trasladar a ministros a sus residencias particulares, localizadas a más de 70 kilómetros de la sede del Tribunal, así como la asignación de viáticos diferenciados entre ministros y choferes.
El escrito concluye que “los hechos descriptos en esta presentación son pasibles de ser encuadrados dentro de las causales que ameritan la realización de un juicio político y la remoción del cargo que ostenta el acusado, establecidos en el artículo 10 de la Ley V – 79 y 198, ss y cc. de la Constitución de Chubut”.
La denuncia será remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura para su análisis y posterior discusión en el recinto parlamentario.