El juez encargado del caso resolvió el sobreseimiento definitivo de Rodrigo Roveta, exsecretario de Bosques, y Carlos Damiano, poniendo fin a un proceso judicial que tuvo gran repercusión en la cordillera de Chubut.
La clave del giro en la investigación fue el pronunciamiento del Ministerio Público Fiscal, que luego de analizar las pruebas aportadas por la defensa y las declaraciones de los acusados, solicitó levantar la imputación al concluir que no existió delito ni intención de estafar al Estado.
La pesquisa se inició por denuncias gremiales que señalaban a Damiano como un “empleado fantasma” o “ñoqui”, sin embargo, esta acusación se desmoronó durante la audiencia preliminar gracias a la evidencia presentada y los testimonios de los implicados.
La fiscal María Bottini y el procurador Ismael Cerda reconocieron que los hechos, tal como se acreditaron, no encajan en una figura penal, aplicando el deber de objetividad en la investigación.
Un elemento decisivo fue comprobar que Damiano sí cumplía funciones para la provincia, aunque no desde una oficina formal de la Secretaría de Bosques en Esquel, sino a través del "Proyecto de Biomasa", un plan estratégico respaldado por ingenieros y registros oficiales de reuniones.
El testimonio del exgobernador Mariano Arcioni fue fundamental: confirmó que estaba al tanto del proyecto y lo consideraba una prioridad para su gestión.
Damiano manifestó que no podía garantizar su presencia diaria y hasta ofreció su renuncia, pero el Ejecutivo le solicitó continuar, con la promesa de regularizar su situación como asesor de gabinete —un cargo sin obligación de fichar— trámite que finalmente quedó trabado en la administración pública.
La Fiscalía concluyó que no hubo dolo ni intención de engañar. La discrepancia entre el cargo formal y las tareas reales de Damiano se atribuyó a “desprolijidades administrativas” y no a una maniobra para defraudar al Estado.
Como argumentaron las autoridades judiciales, “no se puede sostener el dolo cuando el imputado solicitó activamente regularizar su situación para que coincidiera con su rol de asesor”.
Con esta resolución, tanto Roveta como Damiano quedan libres de culpa y cargo, cerrando un episodio que generó tensiones políticas y gremiales en la región cordillerana.