La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut ha elevado un pedido formal al Superior Tribunal de Justicia (STJ) con el objetivo de que aclare la situación respecto a los sueldos de sus ministros, el Procurador General y el Defensor General. Esta solicitud, que se remonta al 23 de mayo de 2025 y está dirigida al Dr. Javier Raidan, presidente del STJ, se sustenta en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley I N° 156), y lleva la firma de Claudio Alejandro Petris, presidente de la Asociación, junto a la secretaria Marcela Pérez Bogado.
La Asociación busca un informe que detalle todos los conceptos que componen los salarios de los altos funcionarios mencionados. Se solicita particularmente información sobre la existencia de pagos que se realicen “con recibo o fuera” del esquema habitual, así como detalles sobre los fondos de “gastos reservados” que podrían estar distribuyéndose entre los ministros, y cómo se establecen los viáticos diarios correspondientes.
Un aspecto crítico de este requerimiento es la posible reactivación de un viejo acuerdo plenario, el N° 2797/89, que otorgaba un incremento del 10% a los ministros del STJ. La Asociación sostiene que este aumento fue derogado por la Ley I N° 301, por la conocida Ley de Porcentualidad Judicial, que establece que los sueldos dentro del Poder Judicial deben calcularse como un porcentaje del salario total de un ministro, abarcando todos los ítems remunerativos.
La inquietud subyacente de la Asociación radica en la posibilidad de que existan sueldos no declarados o basados en gastos reservados, lo que podría estar impidiendo el respeto al ‘enganche’ o pago proporcional del resto de los empleados judiciales. Esta legislación asegura que cualquier mejora salarial concedida a la alta administración del Poder Judicial se extienda automáticamente al resto de los jueces, fiscales, defensores y personal judicial.
Así, si los ministros están recibiendo pagos adicionales que no se tienen en cuenta para el cálculo base —incluyendo un posible incremento del 10% reactivado por acuerdos plenarios recientes— se podría estar transgrediendo el principio de enganche, constituyendo un incremento oculto que no se refleja en el resto del escalafón judicial.
A pesar de no formular acusaciones directas, la Asociación plantea interrogantes serias sobre la legalidad y transparencia de ciertos pagos. Su intención es confirmar que se cumplen las normas vigentes y que los sueldos de los altos funcionarios judiciales están alineados con el marco legal que rige a todo el Poder Judicial.
Por último, el pedido también incluye requerimientos sobre posibles nombramientos realizados sin concurso. En uno de los puntos esenciales de la nota, se exige un “listado de nombramientos y ascensos en el Poder Judicial, excluyéndose a los Ministerios Públicos, que se han llevado a cabo sin concursos, desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha, junto con las resoluciones que legitiman estas decisiones.