La Justicia de Neuquén dictó una medida contundente contra la comunidad mapuche Paichil Antriao, ordenando el desalojo de un predio de 13 hectáreas ubicado en Villa La Angostura, que ocupan desde 2018 bajo una reivindicación ancestral. El terreno pertenece al empresario y ex deportista Manu Ginóbili, quien lo adquirió en 2004 con la intención de desarrollar un proyecto inmobiliario.
El juez Francisco Astul Bonorino falló a favor de Ginóbili en una causa por reivindicación de dominio, estableciendo un plazo de 30 días para que la comunidad desocupe el terreno, bajo apercibimiento de un desalojo forzoso en caso de incumplimiento. Además, la comunidad deberá hacerse cargo de las costas procesales al ser considerada parte vencida en el juicio.
Ginóbili, ex alero de San Antonio Spurs, había denunciado inicialmente a siete miembros de la comunidad mapuche por usurpación y amenazas, aunque esas acusaciones fueron desestimadas por la Justicia. Sin embargo, la causa por reivindicación de dominio le otorgó la razón en cuanto a la propiedad del terreno.
El predio está situado en las inmediaciones del lago Correntoso, sobre una ladera del cerro Belvedere, y fue adquirido por Ginóbili para subdividirlo en 24 parcelas y promover un desarrollo inmobiliario. La ocupación por parte de los mapuches, identificados como “encapuchados” en la causa, entorpeció el avance de este proyecto.
La comunidad Paichil Antriao mantiene varios conflictos territoriales en Villa La Angostura, incluyendo litigios con privados y la municipalidad local. Entre sus acciones, bloquearon la construcción de la ruta de Circunvalación, destinada a evitar el tránsito de camiones chilenos por el centro turístico de la ciudad. Además, otros propietarios afectados han cerrado complejos turísticos debido a los enfrentamientos prolongados con el grupo mapuche.
Desde la perspectiva de los mapuches, Ginóbili no es propietario ni poseedor legítimo del terreno en disputa. Se amparan en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, otros tratados internacionales y la Constitución de la Provincia del Neuquén para sostener su reclamo. Aseguran que su presencia en el territorio data de cientos de años, aunque no se registró su ocupación al momento de la compra en 2004.
En 2019, el fiscal general de Neuquén, José Gerez, intentó mediar entre las partes con apoyo de la Confederación Mapuche, pero la negociación no prosperó y el juicio, inicialmente previsto para febrero de 2020, fue suspendido. El abogado defensor de la comunidad, Virgilio Sánchez, presentó recursos para evitar el desalojo y consiguió demorar el proceso judicial.