El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, expresó su satisfacción con respecto a la aprobación de la ley que protege el derecho a la propiedad en la provincia. La nueva normativa permitirá la pronta restitución de inmuebles usurpados a sus legítimos dueños, sin tener que esperar el resultado de la causa penal.
La ley aprobada en la Legislatura de Chubut responde a una prioridad establecida por el gobernador desde su inicio en el cargo. Según esta norma, en casos de usurpación, el fiscal o la parte querellante podrán solicitar el desalojo inmediato del usurpador y la restitución de la propiedad al legítimo dueño, siempre y cuando se pueda demostrar la posesión del bien. Incluso la víctima podrá solicitar directamente estos procedimientos sin constituirse formalmente como parte querellante.
Esta nueva ley, establecida en el artículo 238 bis de la Ley XV N°9, permitirá el desalojo y la restitución del inmueble sin tener que esperar la resolución completa del proceso penal. El gobernador, Ignacio Torres, destaca la importancia de poner en primer lugar a las víctimas y afirma: “Nuestra responsabilidad es proteger a las personas honestas, y aquellos que cometan delitos deberán enfrentar las consecuencias". Además, subraya que esta reforma es uno de los principales objetivos de su gestión, ya que, en sus palabras, "se acabaron esos años en los que los delincuentes eran las víctimas".
Torres resalta que con esta ley, Chubut da un paso importante hacia la defensa real del derecho de propiedad. Agrega enfáticamente: "Los infractores serán desalojados de inmediato, y los dueños legítimos, una vez que hayan demostrado su dominio, no tendrán que esperar años para recuperar su propiedad".
Antes de la sanción de esta nueva norma, las víctimas de usurpación debían esperar el resultado completo del proceso penal, que incluía diversas etapas como la investigación, la audiencia preparatoria, el juicio y las posibles apelaciones, para poder recuperar su propiedad. El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, explica que, con la aprobación de esta ley, quienes sufren de usurpación podrán solicitar de forma inmediata el desalojo de los infractores sin tener que pasar por todo el largo proceso judicial.
El objetivo de este cambio es evitar que las víctimas sufran doblemente: primero al ser privadas de su propiedad y luego al tener que esperar meses o incluso años para recuperarla. Ante las posibles críticas que pueda generar esta medida, el gobernador Torres deja en claro que el objetivo es "proteger a las víctimas y garantizar que la justicia esté al servicio de aquellos que la necesitan", asegurando que la ley no permitirá demoras injustificadas en la restitución de los bienes.