La pesca de langostino en aguas nacionales permanece paralizada debido a un nuevo episodio de tensión entre trabajadores y empresas. Las cámaras del sector anunciaron la suspensión por tiempo indeterminado del inicio de la temporada, previsto inicialmente para el miércoles 23 de julio, tras las amenazas recibidas por marineros que estaban dispuestos a firmar acuerdos individuales para embarcarse en los barcos congeladores tangoneros.
En un comunicado difundido el sábado por la mañana, las cámaras expresaron que “la familia siempre está primero. Cuando se la amenaza, se toca la fibra más íntima de cada persona, vulnerando límites que no podemos ni debemos tolerar. Nos toca decir basta”, haciendo referencia a las intimidaciones sufridas por algunos trabajadores.
Los empresarios señalaron como responsable a la conducción del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por rechazar la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo. Esta propuesta buscaba establecer nuevos parámetros para el ítem producción, en respuesta a que los precios internacionales y los costos locales han vuelto la actividad deficitaria.
Desde hace cuatro meses, los barcos permanecen paralizados, lo que ya significó una pérdida estimada en 200 millones de dólares. Las cámaras denunciaron que ni el sector ni el Estado Nacional han logrado establecer un canal de diálogo efectivo ni implementar medidas concretas para permitir que la mayoría de los marineros, que expresaron voluntad de trabajar, puedan hacerlo.
Además, criticaron la postura del sindicato durante el conflicto: “Primero, el paro por tiempo indeterminado; después, las amenazas, la violencia incluso contra otros sindicatos. Eso también tiene que hacernos reflexionar: ¿por qué o, más bien, para qué un sindicato mantiene de rehén a tanta gente? ¿Quién se beneficia?”.
El aumento de la tensión se produjo el jueves, cuando un grupo de marineros se acercó al muelle Comandante Luis Piedrabuena en Puerto Madryn para firmar acuerdos individuales que les permitieran embarcarse en barcos de la empresa Conarpesa. La conducción local del SOMU, liderada por César Zapata, estuvo presente durante el hecho.
Las versiones sobre lo ocurrido son contradictorias: las empresas afirman que un grupo de 50 gremialistas amenazó a los marineros dispuestos a embarcar y calificaron a estos gremialistas como “los mismos de siempre, que no trabajan en ningún lado porque nadie los quiere. Son problemáticos y violentos”. Por su parte, el SOMU aseguró que los marineros fueron convocados bajo amenaza de sanciones y calificó la situación como “un claro chantaje y extorsión del sector empresarial”.
El sindicato denunció a las empresas Conarpesa S.A. y Agropez S.A. ante la Secretaría de Trabajo de Puerto Madryn por “incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, que claramente provoca una incitación a la violencia que altera la paz social”.
El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, hizo pública una amenaza recibida por un marinero que decía: “Vos más vale que no firmes mañana porque no pisás más Madryn”, acompañada de la imagen de un arma. El funcionario afirmó: “Podrán discutirse cuestiones laborales, aplicación o no de cláusulas, pero nadie puede, mediante amenazas, decirle a un trabajador que no puede trabajar. Amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite. Entiendo que la denuncia penal está en curso y ya hay avances”.
Este viernes se llevaron a cabo dos allanamientos ordenados por la jueza Patricia Reyes, en uno de los cuales se habría secuestrado un celular que podría aportar más información sobre el origen de la amenaza.
La decisión de suspender la salida de los barcos prevista para el 23 de julio responde al temor de que el conflicto escale aún más. Un empresario del sector explicó que “se iban a enfrentar 300 marineros listos para trabajar con 50 violentos dispuestos a pudrir todo. Si pasa algo, nos van a decir que es por nuestra culpa”.
Si bien la disputa se centra en lo económico, dado que el sector gremial sostiene que las empresas buscan reducir un 22% los salarios, los empresarios atribuyen el endurecimiento del conflicto a intereses políticos, señalando al secretario general del SOMU, Raúl Durdos, vinculado a la familia Moyano.
Un empresario con experiencia en conflictos gremiales afirmó: “Está todo muy politizado, porque el SOMU tiene elecciones internas y porque la conducción a nivel nacional está vinculada con sectores que buscan que se pudra y explote todo. Quieren que haya un muerto, por eso se ve ese inédito nivel de violencia e intransigencia. Yo no voy a permitir que le pase nada a nadie por pescar cuatro langostinos. Ya les dije que se queden tranquilos, que yo no muevo un barco”.
Este nuevo retroceso pone en riesgo la continuidad de una temporada que acumula cuatro meses de paralización, con un impacto económico significativo y una situación laboral crítica para más de 5.000 familias vinculadas a la actividad pesquera.