Los demandantes de nuevas conexiones de gas natural en la región cordillerana se congregaron en las oficinas de Camuzzi Gas del Sur en Bariloche para exigir definiciones sobre la ampliación del gasoducto. Aunque las plantas compresoras ya fueron enviadas a las localidades chubutenses, la obra civil aún no ha comenzado. Esto genera preocupaciones sobre la posibilidad de que los usuarios, incluyendo unos 5.000 en Bariloche, no puedan contar con gas de red en el invierno de 2025. Además, otras 30 ciudades y parajes de la región cordillerana también se ven afectados por la suspensión de factibilidades.
El conflicto ha llegado a la justicia a través de un recurso de amparo presentado por la ONG Codec para garantizar el servicio de gas concesionado. En una instancia conciliatoria, las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro se comprometieron a financiar la obra, pero la falta de transferencia de fondos por parte de Río Negro retrasó el acuerdo. A pesar de una adenda que permitió a las otras dos provincias firmantes cubrir la parte rionegrina, la obra aún no ha comenzado.
Los usuarios demandantes solicitaron a Camuzzi que abra el otorgamiento de nuevas factibilidades para aliviar los pedidos pendientes desde hace dos años. Sin embargo, la empresa explicó que esto no es posible debido al marco regulatorio. Algunos usuarios exigieron al gerente de Camuzzi que brinde certezas sobre el plazo de conexión, ya que necesitan tomar decisiones sobre sus viviendas en construcción o ya terminadas.
El adelanto de dinero por parte de las provincias buscaba destrabar la parálisis en la obra, pero hasta ahora no ha dado soluciones. Según el referente de Codec, la responsabilidad primordial recae en la empresa, que conoce las condiciones desde el inicio y debe responder tanto a los usuarios existentes como a los que esperan conectarse. Sin embargo, si la obra no comienza pronto, las familias que esperan el servicio de gas natural pasarán el cuarto invierno sin él. Es imprescindible que tanto el gobierno como la empresa consideren tanto el derecho de los ciudadanos a acceder al gas natural como el derecho a la información sobre las condiciones y los plazos para resolver las factibilidades.