Durante una jornada de tenso clima de protestas, piedrazos y gases lacrimógenos, la Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta el polémico proyecto que declara la educación como un servicio estratégico esencial, lo que implica la implementación de guardias mínimas en las escuelas durante los paros docentes. El proyecto fue aprobado con 35 votos a favor y 11 en contra, en una sesión marcada por incidentes que tuvieron lugar en las puertas del recinto, donde docentes se manifestaban en rechazo a la iniciativa.
El respaldo al proyecto vino de las bancadas de Juntos Somos Río Negro (JSRN), el PRO, el ARI, la UCR, Primero Río Negro y dos de los tres legisladores libertarios, César Domínguez y Santiago Ibarrolaza. Los votos en contra provinieron de las bancadas del PJ, Vamos con Todos, y la legisladora Patricia Mc Kidd, de La Libertad Avanza. El ARI y la UCR, aunque apoyaron en general, pidieron modificaciones en dos artículos y por eso rechazaron en particular algunos puntos de la iniciativa.
El debate se dio en un contexto de tensión, con docentes nucleados en el sindicato UnTER manifestándose en las afueras de la Legislatura. Sin autorización para ingresar al recinto, los manifestantes intentaron forzar el acceso, lo que desató enfrentamientos con la policía que custodiaba el lugar. El conflicto terminó con varios heridos y una fuerte represión policial, en la que se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Tras la aprobación en primera vuelta, el proyecto ahora necesita una segunda votación para su sanción definitiva, lo que podría suceder en los próximos 15 días. Sin embargo, la medida ya desató un fuerte rechazo por parte del gremio docente y de otros sectores que ven en la iniciativa un ataque a los derechos laborales.
Silvana Inostroza, Secretaria General de UnTER, criticó duramente el proyecto, señalando que Río Negro es la primera provincia en darle tratamiento legislativo a una medida que ya fue declarada inconstitucional a nivel nacional por una cautelar presentada por CTERA. "Este proyecto de ley ya fue declarado inconstitucional a nivel nacional. Vamos a parar el 2 de octubre y participar en una movilización a nivel nacional", anunció Inostroza. Además, calificó la ley como una medida de "ajuste, hambre y fascismo", y afirmó que la docencia argentina continuará defendiendo sus derechos basados en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, tratados internacionales y las leyes de educación.
Inostroza también denunció la represión policial: "No somos violentos, pedimos ingresar a la Legislatura y la policía no nos lo permitió. Decidieron pegarnos y gasearnos, como en la peor época de nuestra provincia". La dirigente gremial subrayó que los docentes no fomentan la violencia, pero advirtió que los legisladores y el gobernador deben respetar a los maestros. "Los trabajadores no queremos violencia, ni la propiciamos, pero los legisladores y el gobernador tienen que entender que a los maestros se los respeta. Tenemos dignidad, trabajamos todos los días y nos hacemos cargo de aquello que el Estado no", declaró Inostroza.
Por su parte, el Secretario Adjunto de UnTER, Gustavo Cifuentes, también expresó su rechazo al proyecto y denunció la represión sufrida durante la manifestación. "Hemos demostrado con valentía, firmeza y convicción que los docentes vamos a seguir defendiendo la educación pública en las aulas, en las calles y donde sea necesario", afirmó Cifuentes. Además, advirtió que el gobierno y los legisladores están equivocados si piensan que pueden doblegar al sindicato con violencia. "Tenemos cincuenta años de historia de luchas, pasamos los ´90, pasamos los 2000 y sabemos cómo enfrentar al neoliberalismo", sentenció.
El proyecto, que busca garantizar la continuidad del servicio educativo durante los paros mediante la implementación de guardias mínimas, ha generado un fuerte debate en la provincia y a nivel nacional, posicionando a Río Negro como un escenario clave en la discusión sobre el futuro de los derechos laborales de los docentes y el funcionamiento de las escuelas durante los conflictos sindicales.