El Gobierno argentino acelera esfuerzos para lograr la media sanción en el Senado de la Nación de un proyecto que modifica la ley de glaciares, una iniciativa clave para su plan de atraer inversiones mineras. El debate está previsto para realizarse en menos de 24 horas y la votación se presenta extremadamente ajustada, con el oficialismo al borde de conseguir los votos necesarios.
Según un senador opositor que votará en contra, la situación es de “uno arriba, uno abajo, no sobra nada”, mientras que en los bloques parlamentarios se suceden reuniones en busca de un consenso que aún no se concreta. El bloque libertario apoya el proyecto con sus 21 votos, pero se requieren 37 para alcanzar la media sanción y el quórum.
El oficialismo cuenta con un respaldo fragmentado entre sus aliados. De los 10 senadores de la UCR, solo 4 han manifestado su apoyo. Además, se suman 1 del PRO, 3 de Convicción, 2 del Frente Renovador de La Concordia Social, 1 de La Neuquinidad, 1 de Primero los Salteños y 1 del bloque Independencia. Dos exgobernadores kirchneristas, Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Corrientes), también se sumarían a esta alianza, elevando el total a 36 votos, por lo que se buscan apoyos adicionales para asegurar la aprobación.
Una posible incorporación es la senadora peronista Celeste Giménez, también de San Juan, aunque fuentes de La Cámpora indicaron que la legisladora seguirá la línea partidaria que considera que el proyecto “es malo”. “Aparecen algunos que se pueden inmolar, pero el proyecto es malo y les está costando conseguir el acompañamiento. Esto pone en riesgo un montón de inversiones y es lo que se pone sobre la mesa a la hora de negociar”, señalaron desde la agrupación.
El eje central de la reforma es modificar el criterio de protección de los glaciares, pasando de un enfoque científico y uniforme a otro definido políticamente por cada provincia, lo que implicaría mayor discrecionalidad local y una reducción en la tutela ambiental nacional. Además, elimina la prohibición expresa de realizar minería en ambientes periglaciales, un punto que ha generado fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas.
El proyecto también habilita la realización de emprendimientos mineros en zonas cercanas a glaciares y ambientes periglaciales, siempre que las provincias determinen que no afectan reservas estratégicas de agua. Esta medida, según expertos y activistas, debilita la protección ambiental y favorece la expansión de la minería en áreas sensibles.
Organizaciones y especialistas advierten que la reforma podría ser inconstitucional, ya que debilita los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos en la Constitución Nacional y pone en riesgo la protección uniforme de los glaciares en todo el país. Asimismo, señalan que la iniciativa responde a presiones de provincias con intereses mineros y que podría derivar en la destrucción de reservas estratégicas de agua dulce.
Un senador radical que no apoya el proyecto expresó: “Si van al recinto es porque tienen los votos. Es cierto que les está costando más de lo que esperaban, pero creo que tienen el número”. La tensión política y ambiental en torno a esta reforma marca un momento clave para la definición de políticas mineras y ambientales en Argentina.